El periodismo filosófico histórico

“La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será.”

—Eduardo Galeano (1940-2015)

“El crimen más grande que pueda cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria y la excomunión.” 

—Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada (seudónimo “El Nigromante”) 

 

Los periódicos mexicanos en junio, julio y septiembre de 1821 antes de la Independencia

 

Tabla de Contenido

  1. Libertad de Imprenta—Francisco Zarco (1850)
  2. Libertad de Imprenta, Segundo artículo—Francisco Zarco (1850)
  3. Administración de Justicia: Impunidad de los Delitos—Francisco Zarco (1850)
  4. Apatía—Francisco Zarco (1850)
  5. Abusos de la Prensa—Francisco Zarco (1851)
  6. Ley Penal Contra Asesinos y Ladrones—Francisco Zarco (1852)
  7. Ley Penal Contra Asesinos y Ladrones II—Francisco Zarco (1852)
  8. Robos—Francisco Zarco (1853) 
  9. La Libertad de Prensa—Francisco Zarco (1856)
  10. Héroes y Traidores—Ignacio Ramírez (1867) 
  11. Colonización—Ignacio Ramírez (1867)
  12. Cuestión Grave—Justo Sierra (1875)

 

1. LIBERTAD DE IMPRENTA

Por Francisco Zarco (1829-1869)

“Quitame toda clase de libertad, pero dejadme la de hablar y escribir conforme a mi conciencia”. Milton.

Si el hombre pensador y dotado de generosos sentimientos se horroriza al recorrer la historia de las maldades y de los errores de la humanidad, que han causado la abyección y la ruina de los pueblos y han retardado la organización perfecta de la sociedad, encuentra, sin embargo, un verdadero consuelo al contemplar los descubrimientos de genio, los inventos portentosos del arte que han contribuido a mejorar la situación social de la naciones y al desarrollo completo de la inteligencia, de ese don maravilloso que el Ser infinitamente bueno despensó a las más querida de sus criaturas.

Entre esos inventos útiles a la humanidad ocupa sin duda el lugar más eminente el arte sublime de la imprenta, porque consiguió dar vida a la inteligencia, derramar el pensamiento y arrancar del olvido las producciones del genio.

En la época grandiosa del Renacimiento de las letras, la prensa hizo conocer todas las obras clásicas de la antiguuidad, enriqueció, o más bien creó, la literatura, y bien creó, la literatura y bien pronto servió para generalizar el concocimiento de la Biblia, del gran Código que estableciendo las virtudes en la tierra, pone al hombre en relación con su autor.

La Europa toda contemplaba con asombro lo que ella misma producía; descubrimientos en las ciencias, en las artes, en la literatura, en la política, sin que nada quedara ignorado, sino que los pueblos y ayudaba al desarrollo de los conocimientos humanos.

Hasta entonces el pensamiento había sido libre, aunque de cuando en cuando la Corte de Roma se había permitido la censura de algunos libros, idea que jamás tuvieron los fundadores de la Iglesia. Más tarde, la misma Roma fulminó sus rayos contra algunos grandes hombres y después la política quiso intervenir en la libertad de la prensa. Por todas partes se resistía la censura, pero, sin embargo, el despotismo triunfó y fue muy frecuente que la mano del verdugo camara libros en que se discutían principios religiosos o se atacaba la tiranía. Nadie ignora hoy hasta qué grado llegó la censura y cuánto creció poco a poco el Index expurgatorius.

Pero entretanto, en Inglaterra, cuna de la libertad moderna y modelo del sistema representativo, el genio no tenía diques y había libertad de escribir y de pensar en toda clase de asuntos. La aparición de la prensa periodíca fue un suceso de la más alta importancia para los destinos de los pueblos. Ella ha tenido que luchar constantemente con mil obstáculos que siempre le han opuesto aquellos a quienes conviene que se perpetúe la ignorancia y nunca se examinen los principios en que se funda su poder.

Muchos actos de los pontífices, la existencia de los tribunales para castigar la herejía, la monarquía fundada en el derecho divino, los mil errores científicos que se querían sostener como materia de fe, todo esto, a la verdad, era de tal naturaleza que no se podía discutir, y por esto no se consintió ninguna obra que aclarase alguno de estos puntos en que se quería evitar toda controversia, y a autores y lectores el Vicario de Jesucristo pretendió cerrar las puertas del cielo.

Pero los hombres no pueden detener las obras de la Divinidad: la inteligencia crecía, se desarrollaba, descubría un mundo superior a los errores y a las miserias de la tierra, a pesar de los reyes y de los concilios.

Hombres verdaderamente ilustrados conprendieron lo que valía la libertad de pensamiento y la establicieron, por fin, bajo sólidas bases. Los gobiernos absolutos siempre la resistieron y hasta que el sistema constitucional (esa transacción del trono con el pueblo, que es el primer paso hacia la democracia) se hubo entendido por todas partes, fue cuando con más o menos trabas se conquistó la libertad de expresar el pensamiento.

Pero cuando en estos úlitimos tiempos la libertad de imprenta ha sido considgnada como un derecho del ciudadano o garantida por las leyes, ha habido, no obstante, ataques terribles contra ella, emanados del falso temor de que se cometan abusos por la prensa capaces de desmoralizar a la sociedad, de destruir las creencias religiosas o de subvertir el orden. Este temor se ha exagerado, se han ponderado los abusos y por todas partes se ha procurado establecer la censura, verdadero ultraje a la rázon, o invertar delitos de imprenta sin fijarlos, sin definirlos, para intimidar al escritor.

No entraremos en pormenores sobre todo lo que recientemente se ha hecho en contra de la libertad de escribir en muchos países de Europa. Allí cada país presenta un aspecto distinto: junto a la verdadera libertad inglesa se miran las leyes de Rusia que imponen pena de muerte a los que lean un libro en francés; Austria impide la circulación de los periódicos extranjeros; en Francia un monarca pierde el trono en 1830, por haber querido reprimir la libertad de imprenta; y en España genios eminentes sufren por mucho tiempo una censura oprobiosa y bárbara. . . Pero, a pesar de todo, las ideas generales, la opinión del mundo está en favor de la libertad de la imprenta indefinida, ilimitada, sin trabas, sin restricciones, porque por poco ilustrada que se suponga a la prensa, ella contiene los avances de los funcionarios, ilustra a los pueblos, difunde los conocimientos y es hoy el vínculo más fuerte que une a todas las naciones de la tierra.

En México, desde la Independencia, ha sido en este punto, como en casi todas las cuestiones políticas y sociales, una lucha constante entre los hombres que anhelan la dominación colonial y la nueva generación tan ávida de innovaciones necesarias a la mejora positiva de la sciedad. La educación colonial, la escasez general de conocimientos hizo que durante algunos añnos la prensa no se ocupase de cuestiones políticas ni estudiase el estado de la administración, aconsejando medidas convenientes, sino que fuese sólo el eco de las pasiones de partido, descendiendo muy a menudo a viles personalidades. Periódicos ha habido, algunos de ellos sostenidos por nuestros gobiernos, que, faltando a toda consideración al público, han sido verdaderos libelos infamatorios e inmorales. Esto ha dado pretexto en ciertas épocas para coartar la libertad de la prensa y si bien nunca se nos ha impuesto la vejación de la censura, los hombres que han ocupado el poder han cometido horribles atentados contra este derecho inherente a las formas democráticas.

Cuando el partido retrógrado ha dominado el país, toda libertad ha desaparecido y sólo se han permitido las publicaciones que adulaban a mandarines déspotas, imbélices y criminales. Los ministros muchas veces no han podido sufrir los ataques de la prensa, y legos de acallaría con su conducta, han querido sofocarla con actos arbitrarios y escandalosos.

Justo, aunque sensible, es confesar que algunos de esos ataques a la libertad del pensamiento han tenido lugar bajo el régimen federal, por hombres que, o no lo han comprendido, o han tenido empeño en desvirtuarlo a los ojos del pueblo.

Generalmente, se alega, para dar leyes represivas de la imprenta, el temor de ciertos abusos, de que los escritores desahoguen pasiones innobles; y aun, por un falso celo por la libertad, se quiere, tiránicamente, e incurriendo en una absurda contradicción, castigar los ataques contra cierta forma de gobierno. Nosotros no negaremos que el derecho de la prensa se preste a abusos, como todos los demás, pero nunca creeremos que ellos puedan tener trascendencias tales que hagan indispensables un severo castigo de parte de la autoridad. Una sola excepción haremos, sin embargo, y es la difamación y la calumnia. Esos delitos deben castigarse del mismo modo, ya se cometan por la prensa o de cualquier otra manera.

Pero, en lo general, en todos los otros puntos es un error que la prensa pueda extraviar la opinión, porque o es su más fiel expresión o pugna abiertamente con ella. El único juez del escritor es la opinión de sus conciudadanos; si él escribe de una manera conveniente a la situación del país, sus obras serán estimadas; pero si un periódico se empeña en incitar a la rebelión, cuando el pueblo no sufre opresión, su intento será siempre infructuoso. Tal vez nos equivocamos, pero creemos que en la democracia debe haber una libertad absoluta para escribir y que nada hay tan augusto ni tan sagrado que no pueda ponerse a discusión. Hay algo de despótico y de absurdo, con mucho de inconsequencia, en los principios, en prohibir toda censura de la Constitución del país, toda controversia sobre el mayor o menor grado de libertad que a la sociedad convenga. Hemos dicho, en este mismo artículo, que ciertos principios, que quedarían destruidos con la discusión, son (los mismos) sobre los cuales el despotismo, conociendo su debilidad, ha prohibido toda controversia. Obrar del mismo modo bajo las formas democráticas, es temer que estas formas puedan ser destruidas fácil y victoriosamente por sus adversarios.

Hasta ahora, no tenemos una ley que sea verdaderamente liberal en este punto y, sobre todo, se nota en ellas una extraordinaria vaguedad para fijar los delitos de imprenta. Nosotros no creemos que tenga poder para alterar el orden ni la forma de gobierno, sino que, cuando más fuerte, será sólo un baluarte donde se contengan los desmanes de los encargados del poder, censurando sus actos.

Que esta censura sea más o menos amarga, mientras en ella no se emplee el arma de la difimación o de la calumnia, no podrá considerarse como delito. Nada nos parece tan vago como la frase tan gastada ya en las leyes de libertad de imprenta de faltar al respeto debido a las autoridades; y éste y otros muchos casos nos parecen difíciles de fijar por las leyes.

En nuestro concepto, sólo clases de delitos deben castigarse en la imprenta: los escritos calumniosos que se refieran a particulares, autoridad o corporaciones y los obscenos y licenciosos. En todo lo demás, creemos que debe haber la más absoluta libertad, sea cual fuere la cuestión de que se trate, sin exceptuar la de formas de gobierno. Y en los casos que merezcan castigo, no debe privarse a los acusados del derecho de defensa, del juicio por jurados ni de todo el amparo de las leyes de que gozan aun los más criminales. Obrar de otra manera, nos parece una crasa inconsequencia bajo un sistema democrático.

En otro artículo examinaremos imparcialmente la ley de libertad de imprenta expedida por el señor Otero el 12 de junio de 1848.  

 

 

2. LIBERTAD DE IMPRENTA

Segundo artículo

Ley de 21 de junio de 1848 

por Francisco Zarco (1829-1869)

Las leyes que establecen los derechos políticos son las que deben tener un carácter más augusto y las que sólo deben alterarse cuando la experiencia haya acreditado que necesitan cambios, reclamados por la opinión. Excepto este caso, debe procurarse la mayor estabilidad en estas leyes que vienen, por decirlo así, a harcer efectivo el sistema de gobierno y que arreglan los derechosque al cudadano conceden las instituciones de su patria.

Pero entre nosotros, ya sea por las continuas revoluciones de que hemos sido víctimas, ya por la inconstancia que ha habido en el sistema político de los encargados del poder, no ha sido así y todas las leyes que arreglan algún derecho ha sufrido mil alteraciones, hijas de las circunstancias del momento, y después han sido drogadas, restablecidas, refomadas, de una anera tal que nuestra legislación en este punto es un verdadero caos y no tiene la sencillez necesaria para estar al alcance del pueblo.

Las leyes de elecciones, las de guardia nacional, las de reuniones públicas, todas han sufrido cambios de tal naturaleza que equivalen a restringir, más o menos, según al partido dominante ha convenido, los derechos políticos garantizados a los mexicanos conforme a la Constitución y no ha sido raro que estas disposiciones secundarias hayan a veces pugnado casi con el Código fundamental de la nación.

Esto mismo ha tendido lugar en orden al derecho de libertad de imprenta, terminantemente establecido en la Constitución. Nosotros reclamamos por apego a las instituciones, para que no sean vulnerados los derechos políticos del pueblo, para que no se exponga la tranquilidad y se engendre el descontento, que de una vez se resuelvan estas cuestiones con disposiciones estables y duraderas que tiendan a la conservación de lo existente y a que la suerte del país no fluctúe al caso, dependiendo sólo de la opinión, no del temor o de la ambición de los altos funcionarios.

Esta funesta inestabilidad en materias de tan alta importancia proviene, a nuestro juicio, de que muchos de nuestros hombres públicos han atendido más al espíritu de partido que a la suerte de la República y de que siempre que ha existido, o se ha dicho que existe, algún peligro para la tranquilidad pública, se han concedido al Ejecutivo facultades extraordinarias más o menos latas; pero de las que siempre han abusado convirtiéndose en verdaderos dictadores y dejándose llevar de la manía de legislar sobre toda clase de asuntos. Si una cuestión ha presentado serias dificultades en el Congreso y ellas han hecho que quede pendiente, cualquier ministro con facultades extraordinarias la resolverá de una plumada, sin examinar jamás las consecuencias, triste fruto que muchas veces deja a sus sucesores.

En nuestro artículo anterior sobre libertad de imprenta, hemos expuesto cuál es nuestra opinión en general sobre este derecho, conquistado hoy por los pueblos libres y arrancado en otros a los gobernantes como una concesión indispensable para su existencia. Animados de esa opinión, vamos a examinar lay ley que expidió el señor Otero y contra la que tanto ha clamado la prensa.

Restablecida la Federación en 1846, el gobierno provisional del general Salas creyó conveniente dar una ley reglamentaria de la libertad de imprenta; y el señor Lafragua, ministro entonces de Relaciones y que tantas cosas útiles emprendió, dio lay ley más liberalque hayamos tenido en este asunto. En ella se quiso evitar que los encargados del poder pudieran encadenar a la prensa para acallar la voz de la opinión y se quiso también armar al gobierno del poder necesario para reprimir los abusos.

Estos abusos son los ataques al dogma católica, a la forma de gobierno republicano, la excitación a la rebelión ya a desobedecer a las autoridades, los escritos obscenos y los que censuren la vida privada. Para todos estos casos se estableció el juicio por jurados de una manera liberal, se dio al acusado el derecho de defensa y se le permitió recusar a sus jueces. Las penas por estos delitos fueron pecuniarias o de prisión y, por fin, se fijaron algunas formalidades de segundo orden sobre la publicación de libros y periódicos.

Ya hemos expuesto nuestra opinión sobre los ataques a la Constitución y sobre las exicitaciones a la rebelión. Creemos que los periódicos son impotentes para uno y para otro; y que, por lo mismo, esa clase de abusos no merecen la importancia que ha querido dárseles y, por otra parte, no nos parece muy liberal prohibir toda discusión sobre la libertad.

Pero, en fin, lay ley del señor Lafragua introdujo el juicio por jurados, puso al escritor a cubierto de los abusos de la autoridad y, así fue protectora de la libertad de imprenta. Todo escrito puede ser denunciado, pero al jurado toca calificar si la acusación es o no fundada; y hasta entonces es cuando se procede a la averiguación de quién es el autor del artículo.

Los amigos de la democracia aceptaron, pues, esta ley como una mejora y como una garantía para la libertad de imprenta. Ningún partido ha clamado contra este decreto y las autoridades lo creyeron bastante para reprimir y aun evitar los ataques a la moral pública, ya por medio de la difamación o de escritos licensiosos. No por esto deja de haber en ciertos casos esa vaguedad de que hemos hecho mención en otra ocasión, pero, sin embargo, en el juicio por jurados el escritor está menos expuesto a que obre el resentimiento y no la razón. Débese también observar que desde la publicación de esa ley (14 de noviembre de 1846) la prensa ha conservado un carácter de decencia que no ha tenido en épocas anteriores; y que no han sido muy frecuentes la difamación ni la calumnia.

Parece, pues, que no había motivo para derogar esa ley en todo o en parte, pues la experiencia no ha demostrado sus defectos ni como demasiado severa ni como demasiado indulgentes; y los congresos no habían creído necesario reformarla. Cuando se negociaba la paz con los Estados Unidos, no faltaron calumnias atroces dirigidas contra lo que entonces regían los destinos del país; pero éstos nunca pensaron en reprimir la libertad de la prensa ni se cuidadaron de soeces papeles dispuestos siempre a manchar cualquier reputación. Los autores de esta clase de escritos encuentran siempre su castigo en el desprecio público.

Pero al volver el gobierno de la Unión a fijar su residencia en esta capital, temiendo que se alterase el orden o que se atacase el sistema federal, el Congreso dio facultades extraordinarias al Ejecutivo para atender a la conservación del orden. Era ministro de Relaciones el señor don Mariano Otero, diputado que había defendido con entusiamo las formas democráticas en épocas en que esto era peligroso, representante siempre fiel a la democracia, ilustrado periodista que, como tal, no había vacilado en censurar los actos del poder. Estos antecedentes hacían esperar que durante su administración la libertad de prensa no sufriese alteración alguna; pero, por desgracia, hay momentos de resentimiento y de pasiones de que no están libres los hombres más eminentes, y a esto se debe sin duda la existencia de la llamada generalmente Ley Otero.

En uso de facultades extraordinarias, se declara difamatorio todo escrito en el cual se ataque el honor o la reputación de cualquier particular, corporación o funcionario público, o se le ultraje con sátiras, invectivas o apodos. Nos parece muy ilimatada esta calificación, porque siempre que se censuran los actos públicos de los funcionarios, éstos pueden decir que se les difama y se quita el medio de denunciar ante la opinión hechos que causan la ruina de nuestra sociedad. Estos escritos deberán ser perseguidos de oficio; se nota una vaguedad extraordinara en cuanto a las sátiras, porque en este género de escritos rara vez cada lector deja de hacer aplicaciones, que se convierten en funestas para el escritor que tal vez se propone rediculizar en general vicios perjudiciales a la humanidad.

Para la persecución de estos delitos se quita toda intervención a los jurados, aun para la simple calificación del hecho, de manera que una denuncia, una presunción, arrebata al ciudadano un derecho de la más alta importancia en el orden político; y lo pone a merced de un juez que tendrá que fallar contra él para no incurrir en responsabilidad. Según lay ley, es imposible toda defensa; y es casi seguro que cualquier artículo, sólo con ser denunciado, será condenado.

La pena impuesta es la de prisión solitaria, castigo reservado para grandes crímenes; y por grande que sea el de la difamación es injusto en esta misma ley, porque el acusado no tiene derecho de defensa ni el delito es calificado por los jurados. Por último, se descreta la suspensión de todo periódico que en seis meses fuese condenado tres veces por delito de defimación; y a la verdad que si se cumpliese rigurosamente esta ley, no habría periódico alguno en la República, pues es facilísimo obtener la condenación de cualquier clase de escritos.

Esta ley ha merecido, con razón, la censura de la prensa y debiendo su origen a circunstancias del momento, a la publicación de un papelque insultaba con burlas al autor de la ley, debemos confesar que los sucesores de éste no han usado el arma terrible que les dejó contra la libertad del pensamiento, sin duda porque han conocido toda la odiosidad que ella tiene o porque no la han juzgado necesaria a la conservación del orden ni de las instituciones.

En la ley de 1846 se establece el modo de corregir los abusos de la libertad de imprenta, inclusive el de la difamación, y para todos ellos establece un mismo procedimiento y en todos la calificación debe hacerse por el jurado. Ahora bien, en 1848 se quita la intervención del jurado en el delito de difamación; y de esto debe inferirse o que los jurados son ineficaces o que sólo la difamación es delito de imprenta y sólo ella es la que no se quiere dejar impune. Si los jurados son ineficaces para conocer de la prensa; si se cree que su intervención es una garantía de ciudadano, déjese establecida para calificar la difamación e impóngase, si se quiere, una pena grave a este delito.

Pero suprimir esta calificación del jurado, crear tnta probabilidad de que será condenado todo escrito que sea denunciado, angustiar los términos del proceso, declarar la sentencia insuplicable, es un verdadero ataque a la libertad de la prensa, ataque insufrible, despótico, indigno del autor de la ley y que el Congreso debe hacer cesar.

En cuanto a la suspensión de un periódico que sufra tres veces la pena como difamatorio, aun cuando la ley no tuviera todos los defectos que hemos indicado, todo el mundo sabe, y nadie acaso tan bien como el señor Otero, cómo se escriben los periódicos en México—y en todas partes—, los cambios que hay en la redación y las mil circunstancias que les hacen cambiar de plan y de sistema. Suprimir un periódico es un acto contrario a toda libertad, es atacar no sólo al que haya cometido una falta, sino a un número inmenso de ciudadanos. Agravar la pena en caso de reincidencia es un principio de todas las legislaciones; pero lo decretado en el caso presente es algo más. Castigado un delito, su autor goza de los mismos derechos que antes tenía. Si, por ejemplo, un individuo ha estado tres veces suspenso de los derechos de ciudadano, cuando los vuelve a ejercer, ¿será justo privarlo de voto activo y pasivo en las elecciones populares? Porque un periódico, porque un escritor haya abusado, y abusado conforme a la ley de 1848, de la libertad de la prensa, ¿se le arrebata este derecho, se califican todos sus escritos futuros, se le impone una traba más odiosa que la censura, se le prohibe pensar porque pensó mal una vez?

Creemos que si se quiere que haya libertad de imprenta y que este derecho no sea ilusorio, es urgente derogar lay ley de 14 de junio de 1848, por ser una ley de circunstancias, por ser contraria a la libertad y al derecho común, porque reprime el pensamiento, porque tiene el carácter odioso de ser una disposición dictatorial, porque es el desahogo del resentimiento de un particular y porque fue su objeto defender a una persona sin atender a los derechos del pueblo.

Si se establece en todas sus partes la ley de 1846, quedarán contentos los amigos de la libertad y del orden y tal vez habrá menos abusos en la prensa. Sólo hay, por ahora, que fijar de una manera estable quién deba nombrar a los fiscales de imprenta; y los legisladores de la nación, cuando el tiempo haga necesarias algunas reformas, podrán hacerlas conforme lo requiera la situación del país, teniendo presente que la libertad de la prensa es el derecho más precioso para el ciudadano, porque contiene los abusos, ilustra al pueblo e impide faltas fatales de los mandatorios públicos. 

 

3. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

IMPUNIDAD DE LOS DELITOS

Por Francisco Zarco (1829-1869)

Al reunirse los hombres en sociedad, al investir con facultades más o menos latas a la autoridad, no tratan de elevar, ni de engrandecer a los encargados de ejercerla; quieren sólo asegurar su propiedad, es decir, su vida, su trabajo, y los productos de éste. Se llama delito a todo lo que ataca una de estas cosas, y aunque es un mal el castigar a un criminal, todas las legislaciones lo han creído indispensable para evitar mayores males, y para no dejar una desconfianza general y funesta, que hará que cada ciudadano recurra a vías de hecho para no sufrir ataque contra su existencia, ni contra su propiedad.

En los códigos civiles se establecen todos los derechos y todas las obligaciones del individuo para con los demás y en el penal se imponen castigos a todos los actos que de algún modo tienden a atacar al individuo, y por la alarma que producen, a la sociedad entera. La aplicación de estas leyes, el examen justo e imparcial de todo lo que parezca delito, la apreciación de todas las circunstancias atenuantes o agravantes del hecho, y por fin, la necesidad de cortar un mal, y no la venganza de la sociedad, es la que da origen al poder judicial, cuyas funciones tienen una importancia y una majestad que no todos comprenden. Para que la justicia pueda ejercerse de una manera imparcial e inflexible, pronta y eficaz, se ha revestido al poder judicial de la mayor independencia, se le ha querido colocar fuera del alcance de las pasiones políticas de las miras de partido de que jamás pueden librarse ni el poder legislativo, ni el administrativo.

Se le ha rodeado de toda la respetabilidad que necesita para desempeñar sus atribuciones, y se ha hecho de él la parte más importante de lo que se llama gobierno. Augustas son sus funciones: a él toca defender la propiedad amenazada, concluir las diferencias de los ciudadanos; arreglar de un modo equitativo todas las cuestiones que versan sobre intereses; extinguir los odios, establecer la paz y la unión; a él toca proteger al desvalido, impedir las arbitrariedades de los otros funcionarios, hacer efectivos los derechos del pueblo, evitar el descontento, el desorden y la confusión. Sobre él pesa la penosa misión de castigar el crimen, de asegurar con esto la probabilidad de que no se repitan los delitos, y tranquilizar al ciudadano para que no tema a cada instante sucumbir al puñal de un asesino.

Cuando el mal existe, cuando por desgracia hay hombres para quienes no hay nobles instintos, ni voces íntimas de la conciencia, ni freno religioso, hay una necesidad imperiosa de castigar, de amedrentar a los demás con lo único que creen, con lo único que puede conmoverlos, con los sufrimientos materiales . . . Triste es para la humanidad este deber, pero se lo impone su propia conservación.

Si en un país hay impunidad de los delitos, si hay morosidad en la administración de justicia, si hay apatía en los jueces y facilidad para escapar del castigo de la ley, ese país vive en un estado muy imperfecto, no se goza en él ni seguridad en la vida, ni en la propiedad, se vive a merced del bandido, del asesino, y del difamador. No puede el hombre honrado tener un momento de reposo: ni de existencia, ni el honor, ni la fortuna están seguras un momento. No hay ventaja ninguna en la asociación, cada cual tiene que defenderse a sí mismo, porque la autoridad lo abandona. En un estado tal, toda organización política es una quimera, todo derecho civil es una ilusión, se recibe de la sociedad el gravamen de pagar impuestos, de servir con las armas, de otras mil obligaciones y no hay una hora en que nadie pueda decir, [la sociedad me protege y me defiende”.

Triste es este cuadro, que de ningún modo intentamos aplicar a nuestro país. No exageraremos tampoco el número de crímenes que aquí se cometen, porque hacerlo sería una gran injusticia, pero hay algunos sucesos recientes que llaman fuertemente la atención, hay varios crímenes cometidos este año, bastantes para causar una grande alarma, y en ellos a la verdad, no vemos ni actividad ni empeño por parte de los jueces, y sí tememos la impunidad de los culpables.

Nos explicaremos: nos referimos al asesinato del Sr. Cañedo a las tentativas de asesinato cometidas contra el Sr. Conejo y contra el Sr. Bablot. En cuanto al primero de estos hechos, no inculparemos al juez porque no ha descubierto al asesino, porque este es un crimen envuelto en un misterio funesto, que tal vez aclarará un día la casualidad, pero preguntamos, ¿no se ha omitido esfuerzo por el juez Contreras para descubrir a los culpables? ¿habrá algunas medidas que puedan llamarse tardías? ¿habría al principio del negocio poca actividad, poca previsión? Deberemos confesar que desgraciadamente en México no hay una excelente policía que ayude a la justicia en casos semejantes, pero creemos que no se ha obrado como se debía, que no declararon a tiempo muchos individuos que debieron ser llamados, que no se ha procurado conocer cuáles eran las relaciones del Sr. Cañedo, qué motivos de enemistad tenía, ya por intereses, ya por debilidades de que nadie está exento en la vida privada, ya por opiniones políticas. Y sin hacer todo esto, sin procurarlo con todo empeño, resultará necesariamente una escandalosa impunidad.

Pero en cuanto a los otros dos casos, que causaron menos sensación en el público porque la fortuna quizo librar a los que debieron ser víctimas, no hay grandes misterios, ni dificultades para la averiguación de los hechos. Éstos han pasado a los ojos de todo el mundo, y ha habido una verdadera ansiedad por saber el resultado y porque éste sea de tal naturaleza que quede satisfecha la vindicta pública, y afianzada la seguridad individual. ¿Pero qué ha sucedido? Sentimos decirlo: que esas esperanzas se han frustrado, que estamos presenciando una escandalosa impunidad.

En el caso del Sr. Conejo, un hombre lo ataca traidora y alevosamente; le da seis puñaladas, todas graves, según el certificado de un médico acreditado; escapa milagrosamente el Sr. Conejo, después de sufrir más de dos meses los tristes resultados de una enfermedad aguda y riesgosa. El asesino se equivocó: quizo matar a otra persona, y parece que esta es una disculpa bastante para el juez, como si asesinar no fuera delito, como si asesinar por equivocación sea un acto indiferente y que deba pasar desapercibido. El caso es que el criminal se pasea libre por las calles de esta ciudad, y que vemos otra escandalosa impunidad. De esta causa ha conocido el juez Rebollar, y no sabemos cómo podrá justificar su conducta.

En el negocio del Sr. Bablot, nos volvemos a encontrar con el juez Contreras, cuya conducta no nos parece ahora más justificada que en la causa sobre el asesinato del Sr. Cañedo. Dos pistoletazos disparados a sangre fría en la puerta del teatro, con riesgo no sólo de Bablot, sino de cualquiera de los transeuntes, con las circunstancias que todos conocen; habrá otras que agraven o atenuen el hecho, pero sean cuales fueren, es incuestionable que hubo una tentativa de asesinato y que si el crimen no se consumó, se debe sólo a una casualidad. Preso el culpable, no sabemos porqué ha habido tanta lenitud en los procedimientos, por qué está aún pendiente el término de causa, produciendo una impaciencia general, y dando lugar a quejas justas, ya aun a inculpaciones exageradas. Ignoramos cuál es el estado que hoy guarda el asunto, pero tememos otra escandolosa impunidad.

Los tres casos que hemos referido son graves< sus circunstancias han causado grande alarma, y se nota verdadera indignación en el público al ver que la fuerza de la ley, no tiene efecto por la apatía, (y es lo más suave que decirse puede) de los encargados de la administración de justicia.

Sobre todos estos hechos, llamamos seriamente la atención del gobierno y de la Suprema Corte de Justicia. Excitamos al ministro respectivo a que pida informe a los jueces Contreras y Rebollar, y a que si hay falla por parte de éstos, se obrecon la debida severidad. Mucho celebraremos que ellos puedan justificarse plenamente y creemos que es un deber de las autoridades supremas no consentir que también para los jueces haya una escandalosa impunidad.

Muy pocos días hace que se perpetró otro homicidio atroz; el del Sr. Varela. Veremos si el juez que conozca del negocio es más activo que Contreras y Rebollar, en la averiguación de un delito que tal vez no se habría cometido, si no hubiera desgraciadamente tanta probabilidad de que los crímenes más espantosos quedan impunes.

 

 

4. APATÍA

Por Francisco Zarco (1829-1869)

De la misma manera que un hombre revela suma debilidad cuando se abate por cualquier infortunio y no tiene valor para luchar con la adversidad, un pueblo se hace indigno de existir cuando al contemplar la enormidad de sus males desespera de encontrarles remedio y se resuelve a vivir al acaso, sin ánimo de emprender nada útil, sin intentar mejorar su situación. Los pueblos y los individuos necesitan luchar contra la adversidad, necesitan fe en el porvenir y nunca dejarse dominar de la apatía, de ese marasmo funesto, de esa pereza de espíritu cuyo resultado no es sólo el statu quo sino el atraso y el aniquilamiento.

No hay pueblo en cuya historia no se registren terribles calamidades, daños sin cuento, desorganización, desconcierto y peligros inminentes. Pero si los males sufridos fueran bastantes a ahogar toada esperanza, si a ellos siguiera siempre la inercia de la mayoría del pueblo, no habría hoy un país constituido como nación. Imposible es que los males de un país desaparezcan en instantes y sólo con la fuerza de la voluntad, si ésta no va acompañada de grandes y constantes esfuerzos. La vida de las naciones no se cuenta como la de los individuos, y pocas veces una generación tiene el placer de ver realizadas todas sus esperanzas, de encontrar buen éxito en todas sus empresas. Se trabaja para el porvenir, y este trabajo es grato, porque el amor a la patria no es sólo del tiempo que vivimos: se extiende a las edades futuras; y es muy lisonjera la idea de que el país en que se vio la luz primera llegue a ser grande y feliz, aun cuando para ello se necesite el transcurso de un crecido número de años.

Sin embargo, hay épocas de prueba en que se apura la amargura, en que casi se extingue la esperanza, en que el espíritu se desanima y en que los pueblos, cansados de revueltas y de promesas, después de haber recibido crueles desengaños, llegan a ver con indiferencia su propia suerte y sintiendo todos sus infortunios ansían algo que se los mitigue; pero lo esperan del acaso y no se atreven a procurarlo por sí mismo. Triste es ese estado para los pueblos, porque no dan señales de vida, porque descuidan su porvenir, porque parecen impotentes para ocuparse de sus intereses y sufren con indiferencia las faltas de los encargados del poder o dejan a éstos aislados cuando intentan algo que conduzca a alcanzar la prosperidad nacional. Ni espíritu público ni sentimientos de honor nacional ni pasiones políticas ni orden civil ni espíritu de empresa ni bien individual se encuentra en una nación dominada por la apatía. Los ciudadanos se ocupan sólo de sus negocios particulares y se miran los unos a los otros como extranjeros que reúne la casualidad.

México, desangrado por la anarquía, teatro de escandalosas revueltas y conservando aún fresco el recuerdo de la malhadada guerra extranjera, presenta hasta cierto punto el deplorable aspecto que acabamos de bosquejar. Cierto es que en algunos particulares y en una que otra autoridad se observa el deseo ardiente de mejorar la situación actual, de salvar al país de su ruina; pero este deseo que abrigan unos cuantos no es secundado por la mayoría del país, que sufre en silencio, sin querer tomar parte en los negocios públicos y que sólo desconfía de todo lo que le prometen las facciones.

Y mientras los mexicanos conserven esa apatía, mientras no se decidan a ocuparse activamente de la suerte de su patria, que tanto importa a sus mismos intereses privados, imposible es toda mejora y casi indefectible la ruina de nuestra sociedad. Suponiendo que los encargados del poder, tanto en el gobierno federal como en los estados estuviesen animados del más vivo deseo de que la República progresara, nada o muy poco podrían hacer si los ciudadanos todos, desentendiéndose de lo que a todos interesa, les niegan su cooperación. Ahora, si, como es cierto, existen abusos y se cometen arbitrariedades en distintos puntos de la República, ¿qué freno tienen los funcionarios, si observan en el pueblo una indolencia inaudita, si conocen que su conducta no producirá ninguna queja y que nadie se resuelve a reclamar esos hechos?

Desde que se firmó la paz con los Estados Unidos de América, todos los hombres pensadores de los partidos, todos conocieron unánimemente que después de la crisis por que acabamos de pasar (que si bien puso a punto de perecer nuestra existencia, nos descubrió el origen de nuestros males), debía obrarse con la mayor actividad para consolidar la nacionalidad de México, debía trabajarse de una manera incesante en arrancar de raíz todos los gérmenes de desconcierto y de ruina que abrigaba la sociedad, debía, en fin, seguirse una senda distinta de aquella por la que hasta entonces habíamos caminado. Se creía justamente que el país recibiría con aplauso toda medida que envolviese una mejora material, toda disposición que tendiese a salvarnos de nuevas desgracias.

El país tenía y tiene aún mil elementos de prosperidad, que hasta ahora no se intenta desarrollar. Quedamos sin hacienda, derrochada antes y durante la guerra, con pensiones y sueldos concedidos sin mérito alguno, gravada por ruinosos contratos en que mil veces se buscaba la ventaja de un diestro especulador, combinándola con la de los encargados del poder: nuestro crédito era un extraño laberinto, un caos en que se perdían los hombres más profundos e inteligentes . . . Nuestro único recurso era la indemnización americana. Nos quedaba una multitud desordenada, confusa y cobarde, que había llevado el nombre de ejército; nos quedaban centenares de empleados que habían hecho sus fortunas a costa de las rentas públicas o que habían visto los males de la patria con la mayor indiferencia. Se confesaba que la primera, la más urgente necesidad era reducir los gastos públicos y moralizar las clases que vienen, por decirlo así, a ser los agentes de la administración. Notoria había sido la conducta de muchos de nuestros héroes en las discordias civiles, nadie ignoraba los hechos que se querían remediar . . . Pero han pasado más de dos años y, aunque muchas mejoras están comenzadas por el Ejecutivo, la poca estabilidad de los ministros, la falta de un plan fijo en la administración, la necesidad de medidas legislativas y la apatía que ha habido hasta en las cámaras, ha dado por resultado el que ninguno de esos males se remedie, que todo quede como antes; decimos mal: porque el mal que no se detiene no es el mismo, es mayor de día en día.

Nuestra hacienda presenta el mismo estado de ruina; nuestro crédito no se ha arreglado; no se han establecido economías; no se ha procurado asegurar la buena administración de los caudales públicos; y casi nada se encuentra en los trabajos legislativos de estos dos últimos años que tienda a mejorar la situación del país. En todo y por todas partes se descubre el sello de la más funesta apatía.

No queremos detenernos en hacer un amargo análisis de la situación actual; está al alcance de todos y sólo es nuestro ánimo excitar el espíritu público, a fin de que se sacuda ese sueño pesado en que dormimos al borde de un abismo. Tampoco es nuestro intento hacer inculpaciones a ningún partido ni a ninguna autoridad. Creemos que la apatía se ha apoderado de todos y esto es lo que sinceramente deploramos. Entre de los legisladores de este año se encuentran las más famosas notabilidades de todos los bandos y, sin embargo, ¿qué se ha hecho? ¿qué se ha promovido? Nada, absolutamente nada; la falta no de éstos ni de aquéllos, es, sí, de todos en general.

Entre los particulares se observa la misma apatía. Ningún interés por los asuntos públicos, indiferencia por todo lo que interesa al país, y esto da por resultado pésimas elecciones al Congreso General y a las Legislaturas. Si los ciudadanos todos se ocuparan con empeño de buscar la capacidad; la actividad y el patriotismo para los puestos públicos, acaso muy en breve cambiar[ia el aspecto del país. Si todos los que pueden intentaran con tesón mejoras materiales, ellas se conquistarían rápidamente y el provecho inmediato sería de sus autores, que tendrían además la satisfacción de hacer un bien inmenso a la patria.

En un país democrático, ningún ciudadano debe vivir aislado; debe unir sus esfuerzos a los de los demás para poder alcanzar la mayor suma de bienes que puede proporcionar el estado social. Las autoridades deben desplegar la mayor actividad, el mayor celo por el bien público y nunca deben desanimarse cuando encuentran algún obstáculo, sino buscar, para removerlo, la cooperación de todos los ciudadanos.

Para desterrar esta apatía y precaver sus fatales consecuencias acaso sería conveniente promover el espíritu de asociación y poner al alcance del pueblo todas las cuestiones que inmediatamente le interesan.

Los partidos deben desengañarse de que de nada sirven sus mutuas invectivas ni sus recriminaciones, de que nada valen pomposos programas, si en la órbita legal no despliegan la mayor actividad, no promueven los intereses positivos de la República. Nosotros, como mexicanos, no como hombres de partido, excitamos a los hombres de todas las opiniones a que abandonen su apatía y se dediquen a procurar la salvación de su patria.

En cuanto a la prensa, que tanto ha mejorado en estos últimos años, es muy de desear que, prescindiendo de cuestiones frívolas y pueriles, impulse y reanime el espíritu público. En fin, estamos persuadidos de que los males que México sufre importan a todos sus hijos y, por lo mismo, a ellos toca remediarlos. Para esto los conjuramos a que salgan de ese estado de inercia y de apatía que hace imposible todo progreso y toda mejora.

 

 

5. ABUSOS DE LA PRENSA

Por Francisco Zarco (1829-1869)

Sinceramente amantes del inestimable derecho de la libertad de la prensa, sentimos sobremanera que se deshonre la periódica con publicaciones vistas con horror por todo hombre de bien, y que presta así una arma a sus enemigos para que la ataquen, aun cuanto sea confundiendo los abusos de la institución con la institución misma.

Mil veces se ha hecho ya el argumento de que esos abusos no pueden refluir contra la esencia misma de las cosas, porque si hubiera de admitirse tan aburda doctrina, no quedaría en pie nada de cuanto hay en el mundo de más santo y respetable. Ejemplos de toda especie lo comprueban así. La palabra, don precioso dado a los hombres para comunicar entre sí sus pensamientos, ha sido mil veces empleada para forjar grandes calumnias y para la consumación de grandes delitos. La libertad es uno de los bienes más grandes de que pueden disfrutar los pueblos y en nombre de esa libertad se han derramado torrentes de sangre. La religión, hija predilecta de la divinidad, es la primera base de las sociedades, y apoderándose de su sagrado nombre la superstición y el fanatismo, han causado horribles males a la humanidad. ¿Y habrá quien diga, no obstante esos constantes abusos, que debemos renegar de la palabra, de la libertad y de la religión?

Pero no, porque estamos persuadidos de que la objeción que acabamos de rebatir nada vale contra el uso de la libertad de la prensa, no por eso, decimos, debemos disimular la indignación que nos ha causado el desenfreno de un periódico, cuyo desprestigio ha llegado ya al extremo. Entre las cosas que un escritor debe respetar con escrupulosidad, se encuentra en lugar preferente la vida privada, santuario cuyos misterios a nadie le es dado revelar al público. ¿Qué sería del honor, del buen nombre, del reposo de las familias, si estuvieran expuestas a ver descubiertos sus secretos por la indiscreción de un necio o la malevolencia de un enemigo? ¿Ni qué interés tiene tampoco el público en saber poridades que sólo importan a un corto número de individuos?

El periódico a que nos hemos referido, no contento con el infame ataque que dio a la vida privada, ha tenido valor para lamentarse de que los deudos del agraviado denunciasen el artículo como difamatorio, cerrando así el camino para la exhibición de las pruebas. Prescindiremos por ahora del descaro inaudito de una exigencia, hecha después de haber dado la responsiva de un firmón, y manifestaremos que la ley Otero, acorde en este punto con las disposiciones anteriores, obró muy sabiamente prohibiendo las pruebas, en materia de difamaciones relativas a la vida privada. La razón es muy sencilla. Cuando se ataca a un hombre salvando el dintel del hogar doméstico, se comete una falta imperdonable, aun cuando sean ciertos e indudables los hechos en que consiste el ataque, porque esos hechos son extraños al público; y nadie tiene derecho de levantar el velo que los cubre; de manera que, en esa clase de difamaciones, la falsedad de lo que se dice es todavía menos digna de castigo, que el abuso horrible de sacar a plaza los que nadie tiene derecho para revelar. Excusado parece advertir que, al expresarnos en estos términos, tratamos de la cuestión en general, y no con referencia al suceso que ha dado origen a este artículo. Hacemos esta explicación, para que no se entienda que convenimos, ni por un momento, en la exactitud de las faltas que mencionó El Monitor.

La vida pública, los deslices o crímenes de los funcionarios, son los únicos puntos que están bajo el dominio de la prensa, cuando se propone atacar a personas determinadas, y en eso sí son admisibles y deben serlo las pruebas. Interés tiene la sociedad entera, y muy grande por cierto, de que se llame la atención pública y se procure el castigo del ministro que ha vendido a su patria, del militar que ha desertado, del empleado que defraudo los caudales del erario; pero no sucede lo mismo respecto de la conducta individual y doméstica.

La ley vigente sobre difamaciones reclama con urgencia reformas radicales, no por prohibir las pruebas cuando se ataca la vida privada, pues en eso hemos visto que ha hecho muy bien, ni tampoco por otros vicios gratuitos que le imputan sus enemigos, sino porque en la práctica no ha dado otro resultado, que el muy triste de que sólo se haga efectiva para con los escritores concienzudos y dignos, quedando en plena impunidad los malvados que constituyen a la prensa en órgano y eco de sus ruines pasiones y de sus bastardos intereses.

Cualquiera que tenga alguna experiencia en esta materia, confesará que nos sobra la razón. ¿Qué es, en efecto, lo que vemos todos los días? Que mientras los que acatan la ley, los que escriben con decencia, los que nunca la comprometen en la vida privada, sufren todas las consecuencias de una denuncia, cuando por casualidad se ha escapado de su pluma algún desliz, o cuando se ha hecho de sus escritos una errónea calificación; aquéllos por el contrario que destrozan las reputaciones ajenas, poniendo en juego hasta las más escandalosas calumnias, se ríen a sus solas o en compañia de sus dignos cómplices, de los esfuerzos sin fruto de los agraviados, que al fin de los artículos difamatorios no han encontrado más que la responsiva de un miserable firmón. Todo hombre que no ha perdido la delicadeza se llena de indignación, al contemplar la conducta de esos escritores anómalos, animados del deseo de innobles venganzas, o viles instrumentos de personajes poderosos que prestan su pluma ponzoñosa para perturbar la tranquilidad de una familia, y se asemejan al asesino que esconde la mano en que lleva el puñal homicida.

Un remedio hubiera podido tener este mal, y ese remedio se encuentra en la misma ley de difamaciones. Consiste en el recurso de obtener la suspensión del periódico, que ha reincidido por cierto número de veces en esa punible conducta, y demostrado con sus actos que es incapaz de enmienda. Recurso es ése de que sin embargo, no sabemos que se haya hecho uso hasta la fecha, no obstante su oportunidad y eficacia.

Como quiera que sea, lo cierto del caso es, que carecemos de una ley que arregle satisfactoriamente la libertad de la prensa. El nuevo congreso debe estar reunido dentro de pocos días: tócale hacer esta reforma, como tantas otras, y en ella deben trabajar con empeño supuesta su grande importancia, conciliando el justo ejercicio de un derecho indispensable a las sociedades, y más cuando están regidas por el sistema representativo, con la represión de los abusos que lamentamos, abusos de tanta cuantía, que admira cómo se cometen, y en los que sólo pueden caer hombres que, por miras infames, han abjurado todo sentimiento de honor, de virtud y de delicadeza.

 

 

6. LEY PENAL CONTRA ASESINOS Y LADRONES

por Francisco Zarco (1829-1869)

A consecuencia del desgraciado acontecimiento de los señores Béistegui y Esteva, se hizo proposición en la Cámara de Diputados para que se nombrara una comisión especial, encargada de presentar dentro de quince días, un proyecto de ley contra asesinos y ladrones. Nombróse en efecto la comisión, compuesta de señores Barruecos, Amable y Sánchez de Tagle, quienes es regular que tengan ya muy adelantados sus trabajos, y que no tarden en someterlos a la deliberación de la Cámara.

Dos son los puntos cardinales en que debe en nuestro concepto descansar ese proyecto de ley: la mayor celeridad posible en los procedimientos, y la pronta explicación de la pena impuesta a los reos, cuya criminalidad se compruebe plenamente. Todo lo que salga de ese círculo sólo servirá para extraviar la cuestión, complicándola de una manera innecesaria, o bien con ideas que recaigan sobre puntos muy secundarios y de escasa importancia, o bien con principios inadecuados para el fin que se trata de conseguir. Expliquemos nuestro pensamiento.

Hemos fijado como una de las bases cardinales de la nueva ley, la de la celeridad en los procedimientos; pero hemos agregado la palabra posible. Estamos tan en contra de cualquiera demora innecesaria en la sustanciación de los procesos, que consideramos ese vicio como el de más funestas consecuencias para la recta administración de justicia; más nunca opinaremos porque se estrechen tan extraordinariamente los términos, que el resultado sea impedir la legítima defensa de los acusados, no conseguir que los hechos se pongan tan en claro como es debido, y exponerse por tales causales a confundir al inocente con el criminal.

La experiencia ha corroborado ya la idea que acabamos de emitir. La famosa ley de 6 de junio, conocida con el nombre de ley Jiménez, fijó a los jueces unos plazos tan angustiados, que no alcanzaban para nada; y de ahí resultó que casi ni una sola causa haya habido compatible con la observancia de aquellas rígidas disposiciones. Se ha establecido, pues, una arbitrariedad indispensable, y en alto grado dañosa, como lo es siempre todo lo que tienda a salir del círculo marcado por la ley.

El remedio que esto tiene es el que ya hemos indicado. En buena hora que se suprima el escándalo procedente de dilaciones nacidas de apatía y abandono; pero que no se lleve la cosa al extremo de impedir la plena aclaración de los hechos, sin la que ni será legal la defensa de los acusados, ni el juez podrá fallar con entera seguridad de conciencia, puesto que las constancias del proceso no bastarán muchas veces para formar un juicio acertado de la criminalidad o inocencia del presunto reo.

El segundo de los puntos designados como cardinales, es tanto o más interesante que el primero. Es doctrina común de los criminalistas, la de que la eficacia de la pena es inasequible cuando no sigue de cerca al delito. Tan cierto es eso, que si todo delincuente, al ir a infringir la ley, estuviese persuadido de que no podía evitar la pena a que se hacía acreedor, se abstendría de cometer un acto que lo sujetaba a un castigo indefectible. Por el contrario, o de no llegar a sufrir la pena, que siempre aparece lejana, remota y fácil de eludir. En resumen, una pena segura intimida más al delincuente que otra insegura, aun cuando ésta sea mucho más grave que aquélla.

Por una desgracia deplorable, nuestra administración de justicia se resiente notablemente de ese grave defecto. Terminada la primera instancia, suben los procesos a la Suprema Corte de Justicia, donde sufren nuevas demoras; y aun cuando allí se ejecutaría el fallo del inferior, queda todavía el recurso de indulto, con el que todo vuelve a quedar paralizado, no siendo raro, siendo antes bien muy frecuente, el caso de que las solicitudes de esa naturaleza tarden años enteros en ser resueltas por el cuerpo legislativo. O las comisiones respectivas no despachan, o sus dictámenes no llegan a discutirse, por dar preferencia a negocios de otra clase. Entretanto vienen los recesos, cierra sus sesiones una legislatura, es reemplazada con otra, en que se repite la misma historia, ya cuando por fin suena la hora del debate para una petición de indulto, lleva ésta ya dos, cuatro o seis años de impetrado. Entonces, el solo transcurso de tiempo tan dilatado, suele considerarse como un justo motivo para no denegar la gracia; más aún en el caso de que así no fuera, tendríamos siempre que el castigo no vendría a aplicarse, sino después de muchos años de cometido el delito, es decir, cuando ya hasta se había olvidado, cuando había desaparecido por una parte la alarma que causó, y por otra el empeño de dejar satisfechos los derechos de la sociedad. La pena en ese caso pierde uno de los caracteres que más la recomiendan, conforme a las sanas doctrinas de la jurisprudencia criminal: deja de ser ejemplar, se hace impopular; y en vez de producir un saludable escarmiento en vez de retraer a los demás del espectáculo del castigo, sólo produce el efecto de que se ha visto con conmiseración y lástima un hombre, cuya culpabilidad se olvida, para recordar sólo que es desgraciado.

Juzgamos, pues, de imprescindible necesidad que en el proyecto de ley que debe presentar la comisión especial de la Cámara de Diputados, se ponga particular empeño en evitar toda traba que dé por resultado la paralización de la pena. No vacilamos en decirlo: si los términos de los procedimientos son breves, sin pecar por injustos; si el castigo sigue a la comisión del delito, como la sombra al cuerpo, no tardaremos en vernos libres de esa plaga funesta de malhechores, que tienen en constante alarma a los habitantes del Distrito.

En nuestra siguiente editorial nos ocuparemos de los otros puntos que no hemos podido examinar en este artículo, y que menciones al principio.

 

 

7. LEY PENAL CONTRA ASESINOS Y LADRONES II

Por Francisco Zarco (1829-1869)

Aunque ya indicamos en nuestro artículo anterior que la severidad de las penas está lejos de ser el camino más eficaz para la represión de los delitos, creemos oportuno explayer más esta idea dándole la verdadera inteligencia que debe tener. No podemos pretender que los castigos legales, señalados de antemano para tales o cuales delitos, sean suaves, porque entonces el resultado indefectible de tal combinación sería el de que, superando el bien del delito al mal de la pena, y siendo ésta, además, insegura, se presentaría a los malhechores un estímulo, más bien que un retraente, para sus acciones reprobadas. Pero tampoco queremos que el mérito todo de la ley penal se haga concebir simplemente en la gravedad del castigo, por la persuasión en que estamos de que no es de ese modo como se ha de conseguir el objeto que se desea.

Hay además en este punto otra consideración, que en manera alguna conviene olvidar. Las penas deben estar en absoluta correspondencia con los delitos; y supuesto que éstos forman una verdadera escala, desde los más leves hasta los más graves, precioso es que aquéllas estén en igual proporción, para que a medida que sea más dañosa a la sociedad la acción prohibida por las leyes, suba tambíen de punto la corrección que se imponga. Pero si esa escala no llega a establecerse, si no se cuida de la observancia de esa proporción indispensable, vendremos a parar, confundiéndose los principios más claros e incontrovertibles de la legislación criminal.

Si, por ejemplo, en esa ley que se piensa dar en contra de los asesinos y ladrones, se comienza por imponer la pena de muerte para el caso de robo, ¿qué se dejará para el de asesinato? La pena de muerte es la última que puede imponerse; y abolidos por fortuna entre nosotros el tormento, la confiscación de bienes, y otras crueldades antiguas que servían para refinar el castigo, para hacer más horrible la muerte misma, es en alto grado necesario que se economice la imposición de esa pena, no en beneficio de los malhechores, sino en provecho muy notorio de la sociedad. Si el delincuente sabe que la misma pena se le ha de imponer cuando no haga más que robar, que cuando robe y asesine, asesinará siempre, o casi siempre, porque al mismo tiempo que no se expondrá a un castigo mayor en un caso que en otro, tendrá con el silencio perpetuo de su víctima, mayores probabilidades de escapar de la persecución de la justicia, y mayor facilidad también de desvirtuar y combatir las pruebas que obren en su contra.

Si por el contrario, el malhechor sabe que mayor castigo se le ha de imponer cuando asesine que cuando robe; si sabe, para presentar la cuestión más general, y no circunscribirla a un caso determinado, que mayor castigo se le ha de imponer a proporción que crezca la gravedad de su delito, tendrá un interés directo en abstenerse de los más graves, y sólo los comentará, cuando los estímulos que lo muevan, sobrepujen en su ánimo a toda otra consideración. Reglas son éstas bien sencillas, reglas que pudiera parecer hasta innecesario especificar; pero como es notorio que se han olvidado y que se olvidan aún muchas veces, no está por demás recordarlas, para hacer más probable su observancia.

Resulta de lo dicho que los interesados en la aplicación de esos preceptos son los hombres pacíficos, trabajadores y honrados, cuyas vidas y propiedades se tratan tan justamente de defender contra las asechanzas de los malhechores. Cuídese, pues, de ir poniendo cada uno de los bienes de esos hombres bajo una salvaguardia que vaya en aumento según las circunstancias, evitándose que, por poner a cubierto sus intereses, se expongan a mayor peligro sus vidas.

Por lo demás, en esta parte, como ya hemos indicado de una vez, es íntima la relación que existe entre las funciones de la justicia y las de la policía. El buen arreglo de la última servirá, no solamente para impedir la perpetración de los delitos, que es su objeto más interesante, sino también para hacer efectiva, una vez que lleguen a ser cometidos, la aprehensión de los delincuentes. De esa manera, y sólo de ésa, se facilitarán los dos grandes y escenciales puntos de que hablamos en nuestro artículo anterior, es decir, la celeridad de los procedimientos, y la pronta aplicación de la pena. La razón no puede ser más sencilla; mientras el malhechor consigue sustraerse de la persecución entablada en su contra, ni los procedimientos pueden acelerarse, ni menos aplicarse pena alguna, porque aun cuando el delito estuviera plenamente probado, faltaba la persona del reo para la aplicación de la ley. En cuanto a los medios de que pudiera servirse la policía para hacer muy probable y casi seguro el descubrimiento de los facinerosos que se abrigan en el Distrito, nos remitimos a los que hace pocos días indicamos como los principales, considerándose siempre como el mejor, el establecimiento de un registro civil, perfectamente organizado.

Hemos presentado ya como un modelo digno de imitación, la actividad con que han procedido tanto las autoridades de policía como las judiciales, en el negocio de los asesinos del Sr. Béistegui. Deploramos nosotros como el que más, ese suceso funestísimo: fuimos los primeros en recomendar, con todo el encarecimiento debido, que se diese un testimonio equívoco del empeño con que atendían al cumplimiento de sus obligaciones los funcionarios públicos a quienes tocaba intervenir en el asunto; pero quisiéramos que la policía y la justicia procediesen en todas ocasiones con el mismo laudable celo, para que nunca pueda decirse que sólo se desplega, cuando el crimen recae en personas que ocupan en la sociedad una alta y recomendable posición.

Como la comisión respectiva de la Cámara de Diputados no presenta aún su proyecto de ley, hemos tenido que tratar por lo pronto de la materia bajo un punto de vista general. Luego que se sometan a la deliberación del cuerpo legislativo los trabajos a que aludimos, entraremos al examen por menor de los puntos que abracen, sobre los que emitiremos francamente nuestra opinión.  

 

 

8. ROBOS

por Francisco Zarco (1829-1869) 

El celo que el supremos gobierno ha manifestado por la persecución y pronto castigo de los malhechores, disponiendo que sean juzgados en consejo de guerra, y que inmediatamente después de su aprehensión sean sometidos a la jurisdicción militar, nos mueve a indicar que esas medidas no serán suficientes, si no se adoptan otras preventivas, pues si bien es justo y necesario castigar ejemplarmente al delincuente, es más saludable evitar el delito, y así proteger la vida y propriedad de los habitantes.

La falta de publicidad de los partes de policía hace que a primera vista no se conozca el estado de inseguridad que existe en la población, y, sin embargo, son frecuentes las noticias de robos cometidos no sólo en los suburbios, sino en las calles más centrales de la ciudad. La oradación de los techos, o la fractura de las puertas, son circunstancias que a veces pueden revelar poca vigilancia de parte de la policía del Distrito; los guardas del alumbrado no bastan a evitar los robos, y así, nos atrevemos a proponer que la guarnición diera patrullas y vivaques para procurar alguna seguridad.

No se crea que hay exageración al decir que falta esa seguridad. Casi todos los días los periódicos refieren robos escandalosos, que no pudieran cometerse si hubiera buena vigilancia. En la garita de la Viga hace poco que los ladrones se llevaron cincuenta barriles de aguardiente, operación que exige tiempo y gran número de manos. Varias casas han sido asaltadas. Muchas sastrerías, tiendas de modas, etcétera, han corrido la misma suerte.

Si esto pasa en el centro de la ciudad, las noticias que hace días circulan del rumbo de San Cosme, son gravísimas, y deben llamar seriamente la atención de la autoridad. Aquel rumbo, es recorrido por partidas de 30 o 40 ladrones, que han asaltado varias casas, maltratando y amarrando a las familias, y a veces, sin esperar la sombra de la noche, pues bien, los vecinos están abandonados, sin que haya policía que los proteja, y según parece, han pedido ya algún auxilio a la comandancia general.

Según entendemos, no hay por allí más que un guarda, que de nada puede servir, tratándose de cuadrillas bien armadas. Se nos asegura que en ciertas casas los ladrones han encontrado resistencia, haciendo los vecinos uso de armas de fuego, y que entonces ha acudido alguna fuerza de policía, exigiendo a los dueños de las casas la licencia de armas, y amenazando con conducirlos a la cárcel. Si este hecho es enteramente cierto, no puede menos de atribuirse a la mala inteligencia de agentes subalternos, pues sería en verdad curioso que fuera delito defenderse de los malhechores.

Sobre todo esto llamamos la atención del señor gobernador y del supremo gobierno, a fin de que dispongan se mejore un tanto la policía de seguridad, y se extienda a toda la población, pues vale más evitar el delito que castigarlo, y al vecindario lo que más le interesa es que la autoridad procure seguridad a la vida y a la propiedad. 

9. LA LIBERTAD DE PRENSA

Francisco Zarco (1829-1869) 

“Debo comenzar declarando, como mi apreciable amigo el señor Cendejas, que al votar en contra del artículo 13, he estado muy lejos de oponerme al principio de que la manifestación de las ideas no sea jamás objeto de inquisiciones judiciales o administrativas. He votado en contra de las trabas que ha establecido la comisión y que repugna mi conciencia, porque veo que ellas nulifican un principio que debe ser amplio y absoluto.

“Entrando ahora en la cuestión de la libertad de imprenta, he creído de mi deber tomar parte en este debate porque soy uno de los pocos periodistas que el pueblo ha enviado a esta asamblea, porque tengo en las cuestiones de imprenta la experiencia de muchos años, y la experiencia de víctima, señores, que me hace conocer inconvenientes que pueden escaparse a la penetración de hombres más ilustrados y más capaces, y porque, en fin, deseo defender la libertad de la prensa como la más preciosa de las garantías del ciudadano y sin la que son mentira cualesquiera otras libertades y derechos.

“Un célebre escritor inglés ha dicho: `Quitadme toda clase de libertad, pero dejadme la de hablar y escribir conforme a mi conciencia. Estas palabras demuestran lo que de la prensa tiene que esperar un pueblo libre, pues ella, señores, no sólo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización.

“Los ilustrados miembros de nuestra comisión de Constitución que profesan principios tan progresistas y tan avanzados como los míos sin quererlo, porque no lo pueden querer, dejan a la prensa expuesta a las mil vejaciones y arbitrariedades a que ha estado sujeta en nuestra patria. Triste y doloroso es decirlo, pero es la pura verdad: en México jamás ha habido libertad de imprenta; los gobiernos conservadores, los que se han llamado liberales, to dos han tenido miedo a las ideas, todos han sofocado la discusión. todos han perseguido y martirizado el pensamiento. Yo, a lo menos, señores, he tenido que sufrir como escritor público ultrajes y tropelías de todos los regímenes y de todos los partidos.

“El artículo debiera dividirse en partes para que los verdaderos progresistas pudiéramos votar en favor de las que están conformes con nuestra conciencia. Pero, si el derecho y las restricciones que lo aniquilan han de formar un todo, votaremos en contra, pues al votar no podemos hacer explicaciones ni salvedades.

” Se establece que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en cualquiera materia. Perfectamente. En este punto estoy enteramente de acuerdo, porque la enunciación de este principio no es una concesión, es un homenaje del legislador a la dignidad humana, es un tributo de respeto a la independencia del pensamiento y de la palabra.

Yo creo que la opinión, si puede ser error, jamás puede ser un delito; pero de este principio absoluto no llego al extremo que sostiene el ilustrado señor Ramírez, pues convengo en que el bien de la sociedad exige ciertas restricciones para la libertad de la prensa Si estarnos mirando que las predicaciones de un clero fanático excitan al pueblo a la rebelión, al desorden y a todo género de crímenes, y que la profanación del púlpito con todas sus funestas consecuencias no es más que el abuso de la palabra, ¿cómo hemos de negar que un periodista puede causar los mismos males y conducir al pueblo a la asonada, al incendio y al asesinato? La ley que consintiera este escándalo, sería una ley indolente y maléfica.

“Vemos cuáles son las restricciones que impone el artículo. Después de descender a pormenores reglamentarios y que tocan a las leyes orgánicas o secundarias, establece como límites de la libertad de imprenta el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. A primera vista esto parece justo y racional; pero artículos semejantes hemos tenido en casi todas nuestras constituciones, de ellos se ha abusado escandalosamente, no ha habido libertad y los jueces y los funcionarios todos se han convertido en perseguidores.

“¡La vida privada! Todos deben respetar este santuario; pero, cuando el escritor acusa a un ministro de haberse robado un millón de pesos al celebrar un contrato, cuando denuncia a un presidente de derrochar los fondos públicos, los fiscales y los jueces sostienen que cuando se trata de robo se ataca la vida privada y el escritor sucumbe a la arbitrariedad.

“¡La moral ! ¡Quién no respeta la moral! ¡Qué hombre no la lleva escrita en el fondo del corazón! La calificación de actos o escritos inmorales la hace conciencia sin errar jamás; pero. cuando hay un gobierno perseguidor, cuando hay jueces corrompidos y cuando el odio de partido quiere no sólo callar sino ultrajar a un escritor independiente, una máxima política, una alusión festiva, un pasaje jocoso de los que se llaman colorados, una burla inocente, una chanza sin consecuencia, se califican de escritos inmorales para echar sobre un hombre la mancha del libertino.

“¡La paz pública! Esto es lo mismo que el orden público. El orden público, señores, es una frase que inspira horror; el orden público, señores, reinaba en este país cuando lo oprimían Santa Anna y los conservadores, cuando el orden consistía en destierros y en proscripciones! ¡El orden público se restablecía en México cuando el ministerio Alamán empapaba sus manos en la sangre del ilustre y esforzado Guerrero! El orden público, como hace poco recordaba el señor Díaz González, reinaba en Varsovia cuando la Polonia generosa y heroica sucumbía maniatada, desangrada, exánime, al bárbaro yugo de la opresión de la Rusia! El orden público, señores, es a menudo la muerte y la degradación de los pueblos, es el reinado tranquilo de todas las tiranías! ¡El orden público de Varsovia es el principio conservador en que se funda la perniciosa teoría de la autoridad ilimitada!

“¿Y cómo se ataca el orden público por medio de la imprenta? Un gobierno que teme la discusión ve comprometida la paz y atacado el orden si se censuran los actos de los funcionarios; el examen de una ley compromete el orden público; el reclamo de reformas sociales amenaza el orden público; la petición de reformas a una constitución pone en peligro el orden público. Este orden público es deleznable y quebradizo y llega a destruir la libertad de la prensa, y con ella todas las libertades.

“Yo no quiero estas restricciones, no las quiere el partido liberal, no las quiere el pueblo, porque todos queremos que las leyes y las autoridades, y esta misma Constitución que estamos discutiendo, queden sujetas al libre examen y puedan ser censuradas para que se demuestren sus inconvenientes, pues ni los congresos, ni la misma Constitución, están fuera de la jurisdicción de la imprenta.

“Si admitimos estas vagas restricciones, dejamos sin ninguna garantía la libertad del pensamiento, y el señor Cendejas tiene razón al recordar las palabras de Beaumarchais: habrá libertad de imprenta para todo, con tal que no se hable de política, ni de administración, ni del gobierno, ni de ciencias, ni de artes, ni de religión, ni de los literatos, ni de los cómicos… Ésta es la libertad que no queda. Para hablar así me fundo en la experiencia. En tiempos constitucionales, fiscales y jueces me han perseguido como difamador porque atacaba una candidatura presidencial, y cuantas razones políticas daba la prensa para oponerse a la elevación del general Arista eran calificadas de ataques a la vida privada.

“La comisión, que quiere que el pueblo ejerza las funciones de juez, establece el jurado para los juicios de imprenta: pero ese jurado no es el juicio del pueblo por el pueblo, no es el juicio de la conciencia pública, no ofrece ninguna garantía. Es, por el contrario, la farsa de la justicia, la caricatura del jurado popular. Un solo jurado ha de calificar el hecho y ha de aplicar la ley, La garantía consiste en que haya un jurado de calificación y otro de sentencia, para que así la defensa no sea vana fórmula y un jurado pueda declarar que el otro se ha equivocado. Establecer las dos instancias en un mismo tribunal es un absurdo, porque los hombres que declaran culpable un hecho no lo absolverán después, no confesarán su error, porque acaso sin quererlo podrá más en ellos el amor propio que la justicia. El conocimiento de la miseria y del orgullo humano hace conocer esta verdad.

“Pero aún hay más. El jurado que ha de calificar el hecho, que ha de aplicar la ley, que ha de designar la pena, ha de obrar bajo la dirección del tribunal de justicia de la jurisdicción respectiva. ¿Qué significa esto, señores? ¿Qué queda entonces del jurado? La apariencia, y nada más. Los ciudadanos sencillos y poco eruditos que van a formar el jurado no deben tener más director que su conciencia. Ellos deben leer el escrito, pesar la intención del escrito, porque en juicios de imprenta las intenciones merecen más examen que las palabras, oír la defensa y la acusación, y fallar en nombre de la opinión pública. Nada de esto sucedería con la dirección del tribunal de justicia. El jurado pierde su independencia, se ve invadido por los hombres del foro con todas sus chicanas, con todas sus argucias; los jurados quedarán confundidos bajo el peso de las citas embrolladas de la legislación de justiniano, de las Pandectas, de las Partidas, del Fuero Juzgo, de las leyes de Toro, de las leyes extranjeras, de todos los códigos habidos y por haber, y ya no fallarán en nombre de la opinión pública. Los jueces serán muchas veces instrumentos del poder, y, suponiéndolos probos y honrados, los jurados que no son hombres de tribuna ni de polémica, los jurados que no tendrán el atrevimiento que aquí tenemos algunos para contradecir a las notabilidades famosas y para no fiarnos ciegamente en su autoridad, los jurados que tendrán también en su amor propio y no se resignarán como nosotros a pasar por ignorantes, los jurados, señor, se dejarán gobernar por textos latinos, sólo por no confesar que no los entienden y se dejarán guiar por la influencia de los peritos, de los maestros, en punto a delitos y penas. Esto es desnaturalizar la institución más popular, esto es jugar con las palabras y destruir de un golpe la libertad de la prensa. Me declaro, pues, en contra de todo el artículo.

“¿Queréis restricciones? Las quiero yo también; pero prudentes, justas y razonables. Aunque lo que voy a proponer parece más bien propio de la ley orgánica, yo desearía que se adoptar como principio en la misma Constitución. Propongo que se establezca que ningún escrito pueda publicarse sin la firma de su autor, y en esto no encuentro ninguna restricción ni taxativa que sea contraria a la verdadera libertad. Cuando hablamos, lo hacemos con la cara descubierta; quien recibe un anónimo lo mira con desprecio. ¿Qué inconveniente hay, pues, en que todo hombre honrado que escribe conforme a su conciencia ponga su nombre al pie de sus escritos? Las Cortes de España acaban de decretar este requisito, y ellas son eminentemente progresistas y muy amigas de la libertad. Yo no hallo más que un inconveniente, que es demasiado ligero. El escritor novel por una modesta timidez huye de la publicidad. teme el ataque violento de la crítica; pero una vez vencida esta timidez, hay más conciencia en el escritor y más seguridad para la sociedad.

“En nuestro país ha introducido esta reforma la ley que hace poco expidió el señor La fragua, y, sin que se crea que hay inconsecuencia en mi conducta, me es grato defender aquí ese acto del ministro de Gobernación a quien más de una vez he tenido que atacar. Las restricciones de la ley La fragua nacieron de las circunstancias. Al triunfar el Plan de Ayutla, al establecerse el gobierno actual, estaban en pie todo los elementos que podían frustrar los heroicos esfuerzos del pueblo hechos en favor de la libertad. La dictadura hizo muy bien en expedir una disposición que sólo podemos aceptar como transitoria. Pero la ley Lafragua es tan liberal como lo permitían las circunstancias; ofrece garantías, establece un juicio con todos los trámites legales, respeta el derecho de defensa, concede el recurso de la segunda instancia, y no es, en fin, una venganza ni una represalia contra nuestros adversarios. Compárese la ley Lafragua con la ley Lares, y se verá la diferencia. Ahora hay juicio, hay defensa y nadie está expuesto a tropelías. Bajo la administración conservadora, la imprenta era negocio de policía y la pena venía sin juicio, sin audiencia, sin defensa. Un Lagarde, un esbirro, entraba a mi redacción y me decía: “Pague usted doscientos pesos de multa.” Preguntaba uno por qué, cuál era el artículo denunciado, y se le contestaba: “No tiene usted derecho a preguntar. Si no paga dentro de dos horas,

se suspende el periódico y marcha usted a Perote.” Éste era todo el procedimiento. En la ley Lafragua no hay, pues, nada de represalia, nada de venganza. Ella ha exigido la firma, y ha sucedido lo que era de esperarse: los periodistas liberales haré dado sus nombres: los conservadores se han parapetado tras de firmones, tras de nombres supuestos, tras de pobres cajitas, tras de miserables encuadernadores, porque son miserables y villanos.

“Y no se diga que esto procede de las circunstancias y de que el partido liberal está triunfante. La prensa conservadora en sus días de prosperidad y de jauja, cuando vivía de los tondos públicos como el Universal, o de dinero de las cajas de La Habana como el Tiempo, cuando escribían sus notabilidades come don Lucas Alamán y el padre Miranda, ¡siempre la misma cobardía, siempre los firmones, siempre el ataque asemejándose al puñal aleve del asesino!

“En la prensa liberal, por el contrario, me es honroso el decirlo, nuestras redacciones han estado siempre abiertas a todo el mundo, a los jueces, y a los esbirros, a los amigos y a los perseguidores y a cuantos han querido explicaciones personales. Cuando gran parte de la prensa de esta capital protestó contra la candidatura del señor Arista, se convino en que todos dieran sus nombres: conservadores y santanistas se escondieron y sólo aceptaron la responsabilidad dos periodistas liberales que hoy tienen lag honra de pertenecer a esta asamblea, el señor Lazo Estrada y yo, Esta diferencia no consiste ni en la desgracia ni en la fortuna.

“¿Qué días de prosperidad hay para el escritor que en México defiende los principios liberales? ¿Qué puede esperar ‘ino desengaños y sufrimientos, cuando nuestro partido se divide el día de sus triunfos, cuando la discordia debilita nuestras filas, cuando, unidos como conspiradores, nos dividimos siempre al llegar al poder? Triunfamos; pero nuestras divisiones nos hacen caer. Vencemos; pero nuestras discordias nos conducen bien pronto a la condición de vencidos. No fiamos, pues, en la fortuna al atacar a las clases privilegiadas, al defender los intereses del pueblo, al denunciar las negras maquinaciones del clero, al reclamar la libertad religiosa que aquí decretaremos. Sabemos muy bien Po que nos espera cuando triunfen nuestro adversarios. Combatimos contra una facción cruel y sanguinaria; hemos atacado al clero, que es un enemigo rencoroso e implacable en sus venganzas, obtendremos el cadalso o el grillete; pero a todo estamos resignados, porque somos hombres de conciencia. Pero qué, ¿hay acaso días de prosperidad para el escritor liberal? No, señores, no hay más que amarguras y sufrimientos, no hay más que injusticias y desengaños… El hombre que consagra su vida entera, su inteligencia toda, ser el ecoo el intérprete de un partido, a dirigir la opinión, el que pudiera extraviarla en un momento de despecho, este hombre, señores, que se convierte en el verbo de un pueblo entero, no encuentra en su camino más que calumnias e injusticias… Yo mismo, señores, que siempre he defendido los principios liberales, que he procurado el desarrollo de la revolución de Ayuda, que he marchado sin retroceder por el camino de la reforma, que he comprometido mi porvenir y mi tranquilidad apoyando al gobierno actual como representante de la revolución; yo mismo, señores, me encuentro con que porque soy franco, porque no disimulo jamás la verdad, soy considerado como hostil al gobierno. Los ministros y el mismo presidente de la República me consideran como a enemigo ambicioso, a mí, que no anhelo más que el bien público… ¡Oh!, tanta miseria no irrita… inspira sólo… compasión. ¡Estos son nuestros días de prosperidad!

“Perdóneseme esta digresión. Decía yo que los escritores conservadores siempre ocultan su nombre, y entiendo que el que niega sus escritos procede así porque no lleva limpia la frente, porque su nombre no está sin mancha. En la prensa conservadora, refugio de aventureros, madriguera de advenedizos y carlistas que, expulsados por la España liberal, vienen aquí a buscar un pedazo de pan y no lo ganan sino con la diatriba y la calumnia, con predicar la sedición y el fanatismo, con insultar al pueblo hospitalario dispuesto a recibirlos como hermanos, en la prensa conservadora, ¿qué nombres pueden darse a luz? ¿Quién los conoce, qué significación política pudieran tener? Hoy mismo los que atizan la tea de la discordia, los que insultan al gobierno, los que calumnian al Congreso, los que vilipendian al pueblo, los que ultrajan la libertad, los que provocan la reacción, los que suscitan el fanatismo, se ocultan bajo el anónimo, hieren como villanos, porque son pérfidos y cobardes.”

Reasume sus objeciones contra el artículo y añade: “en mi concepto, mi amigo el señor Cendejas tiene razón al ver este artículo algo de una arma de partido, arma que, yo añado, puede ser de dos filos. Si hemos consentido las restricciones de la ley Lafragua, al dar la Constitución que será nuestra obra, que será la obra del pueblo, haya tanta libertad para nosotros como para nuestros adversarios. Nada de represalias, nosotros no huimos de la discusión, no la tememos. Respetamos las opiniones de buena fe; de ellas nace la luz. En cuanto a la oposición conservadora, con toda su hiel y toda su ponzoña, ¿qué puede hacer? Nos llamará locos y bandidos, insensatos y socialistas; se burlará de los congresillos, se mofará de la soberanía del pueblo, atacará la libertad religiosa y nos hablará de los felices tiempos de la inquisición, disparará diatribas contra la libertad y nos hablará de orden público y de autoridad ilimitada. ¿No tendremos nada que contestarle? Si, hablaremos del juicio con que crearon los conservadores la Orden de Guadalupe; a esos hombre tan religiosos y tan honrados les contaremos la historia de la Mesilla y de las gotas de agua, la venta de nuestros hermanos de Yucatán, los destierros, los robos, los escándalos, los sacrilegios, la prostitución, el vilipendio y la bajeza que carcterizaron al gobierno de los hombres decentes, de los hombres de bien; probaremos, en fin, lo que fue aquella funesta adminstración en que los prohombres se convirtieron en verdugos y en esbirros, en que presidente y ministros y diplomáticos y hombres de estado, no tenían más competencia que la del robo, y mientras la nación sufría la miseria y la opresión, como perros y gatos se disputaban en la tesorería hasta el último peso. Tal fue la administración de S.A.S.”

DISCURSO PRONUNCIADO EL 28 DE JULIO DE 1856 ANTE EL CONGRESO CONSTITUYENTE

“Me es sensible tener que insistir en mis objeciones en contra del artículo, porque las explicaciones de la comisión están, en mi concepto, muy lejos de ser satisfactorias.

“Señores, mientras la imprenta se, considere sólo bajo el aspecto del espíritu de partido, mientras el partido triunfante no vea en ella más que un elemento de oposición, mientras el legislador no contemple a la prensa sino como un ariete contra los gobiernos, no saldremos de nuestra antigua rutina, no afianzaremos la libertad del pensamiento, y una timidez mal disimulada mantendrá las restricciones vagas, las trabas arbitrarias que hoy nos propone la comisión.

“Examinemos la prensa como simple manifestación del pensamiento, veámosla como instrumento del progreso humano, contemplémosla bajo el aspecto de la ciencia, del arte, de la civilización; demos una rápida ojeada a la historia de sus inmarcesibles glorias y de sus cruentos martirios y veremos, señores, que las trabas mal definidas, como la de la moral, que consulta la comisión, han sido el origen de todas sus persecuciones y las que han hecho ilusoria su libertad.

`No cansaré al Congreso acumulando citas históricas de lo que ha sufrido la prensa en los países todos del mundo. Me limitaré a la Francia, que es uno de los pueblos que más se ha aprovechado de la luz de la imprenta y que es la nación que más res plan dores ha derramado sobre el mundo.

“Asombrada la Europa con el portentoso invento de Gutenberg, la imprenta encontró durante mucho tiempo, favor, protección y libertad, no de repúblicas, no de congresos compuestos de liberales, sino de los pontífices ,de los reyes absolutos, que se disputaban la honra de tener en sus cortes a los tipógrafos famosos, como los Aldo Manucie, los Gering y los Elzenvir. Este favor se dispensaba conforme a las ideas de la época, con privilegios, con distinciones, y formando gremios para facilitar el desarrollo del arte. A este favor se opuso un clero fanático e ignorante que no pudo discutir con la reforma, que se aterrorizó con las predicaciones de Lutero y que reputó como herejes a todos los que hablaban del dogma aun cuando defendieran el catolicismo. A las intrigas del clero se debió la triste ordenanza de Francisco I, que suprimió el uso de la imprenta en todo el reino para salvar la moral que estaba en peligro con la multitud de libros, ordenanza que el mismo rey revocó después honrando a la prensa y confesando que el mismo clero lo había engañado y sorprendido.

“No bien se supo en Francia el descubrimiento de la imprenta, cuando el rey Carlos VII envió a Maguncia al grabador Nicolás Jenson a estudiar este arte. Luis XI, que comprendió la importancia de este invento y quiso aprovecharlo, llamó a Gering y a sus asociados, en 1474, para fundar la primera imprenta de París, hizo que se naturalizarán y les concedió hasta el derecho de testar, lo que en aquellos tiempos era un gran favor.

” En 1458 se permite la enseñanza del griego al sabio Gregorio Tifernas, y este hecho es muy notable en la historia de la imprenta, porque de él vino en Francia el estudio de los clásicos, el progreso de la literatura y porque a él se opusieron tenazmente frailes tan ignorantes como algunos de los que tenemos hoy, y, hubo señores, sacerdotes que dijera en el púlpito estas palabras: “Se ha inventado una nueva lengua que se llama griega, de la que es menester guardarse porque engendra todas las herejías. En cuanto al hebreo, está probado que los que lo aprenden inmediatamente se vuelven judíos.” Y Noel Beda, síndico de la facultad de teología, se atrevió a decir en pleno parlamento estas palabras: “La religión se pierde si permitimos imprimir en griego y en hebreo, porque queda destruida la autoridad de la Vulgata.”

“Y el famoso predicador Maillard dirigía a los libreros esta ferviente exhortación para que no publicaran la Biblia en lengua vulgar: “¡Pobres hombres, no os basta condenarnos, sino que queréis condenar a los demás imprimiendo libros en que se habla de amor y que son una ocasión de pecado.”

“Así, pues, señores, la lengua de Platón, la lengua de la Biblia, la misma lengua francesa que hablaba el pueblo, estuvieron en riesgo de ser proscritas como contrarias a la moral.

“En 1488, Carlos VIII concede grandes privilegios a los impresores, a los libreros y a los fabricantes de papel, declarando a los impresores libreros miembros de la universidad y estableciendo, para honrar a la imprenta, que nadie pudiese tener taller público sin haber pasado cuatro años de aprendizajes y que los maestros y correctores supiesen hablar el latín y leer el griego.

” En 1513, Luis XII expidió un edicto famoso en que dice que considerando el inmenso beneficio que ha resultado a su reino por medio del arte y ciencia de la imprenta, invento que parece más divino que humano, confirma todos los privilegios anteriores, exime a la imprenta de contribuir al subsidio extraordinario de treinta mil libras y declara los libros exentos de todo derecho de peaje.

“Francisco I, como arrepentido de su bárbaro edicto, no sólo confirmó todos los privilegios del arte tipográfico, sino que exceptuó a todos los impresores del servicio de las armas y del de policía para no perjudicarlos en el noble ejercicio de su profesión.

“En 1539 se dio el célebre reglarento sobre los salarios y las relaciones entre los maestros y los oficiales, y se estableció que, para dictar disposiciones en materia de imprenta, era preciso oír previamente a los impresores. Por este tiempo se debieron a Francisco I las primeras impresiones en lengua árabe.

“Enrique II confirma los privilegios de la imprenta y toma el mayor empeño en arreglar la venta del papel a precio bajo, y, pocos años después, este artículo quedó exento de todo derecho.

“El mismo Carlos IX, el verdugo de la Saint Barthélemy, tiene que honrar a la imprenta, y se ve obligado a revocar el edicto que gravó con impuestos al papel.

“Enrique III declara en 1583 que la imprenta no está sujeta a las tasas que pesan sobre las artes y oficios, porque nunca debe ser considerada como un arte mecánico.

“El generoso Enrique IV va todavía más lejos y exime a la imprenta de todo género de contribuciones. Este edicto es confirmado por Luis XIII.

” En 1618 se expide el reglamento que fue hasta el tiempo de la revolución la carta magna de la imprenta y que no imponía taxativas al pensamiento sino que cuidaba de la belleza del arte, de la corrección de los libros, del uso de buenos caracteres. En todo esto era tal la escrupulosidad de los impresores de entonces que exponían sus pruebas al público pagando las correcciones, que aspiraban a poder poner al frente de sus libros sine menda y quede la ciudad de Wurzburgo fue desterrado un impresor a petición de los demás porque había deshonrado el arte con una errata de la que resultaba un sentido obsceno.

“En 1634 se funda la Academia Francesa, se reúne en la casa del impresor Camusat. y este impresor tiene la gloria de servir de órgano a aquel cuerpo literario hablando muchas veces en su nombre.

“El asombroso progreso intelectual del siglo de Luis XIV prueba que durante su reinado no faltó protección a la imprenta. En efecto, este rey que dio poderoso impulso al grabado confirmó los privilegios de la tipografía, llamándola en su ordenanza, “la más bella y la más útil de las artes, digna del mayor esplendor”. y con su propia mano tiró en la prensa los primeros pliegos de las Memorias de Felipe de Commines.

“Luis XV exime a los impresores no sólo de impuestos, sino de todo servicio personal y de la obligación de dar bagajes y alojamientos a las tropas, e imprime él mismo la obra Curso de los principales ríos de la Europa. 

“El infortunado Luis XVI proteje a la imprenta, devuelve la libertad a los impresores encarcelados arbitrariamente. e imprime por sí mismo las Máximas sacadas del Telémaco.

“En todo el periodo que hemos recorrido, no sólo los reyes, sino los particulares, honraban a la imprenta y tenían prensas en su casa. El cardenal Richelieu imprime las obras de Epíteto, de Sócrates, de Plutarco y de Séneca. La madre de Luis XIV imprime La elevación del corazón a nuestro Señor Jesucristo. Madama de Ponipadour imprime los versos de Corneille; el duque de Choiseul imprime sus Memorias; Franklin, el ilustre americano. imprime en París en su casa particular, su famoso Código de la razón humana y Valentin Haüy funda una imprenta para enseñar el arte a los ciegos.

“Poco más o menos, ésta fue la situación de la imprenta en todas las naciones cultas de la Europa. La Alemania, la Inglaterra. la Holanda, la Italia, la España, le dispensaban todo género de gracias y favores.

“Pero esta misma época de prosperidad no estuvo exenta de martirios, y el arte contó entre sus glorias la del sacrificio de grandes escritores y de ilustres impresores.

“En 1533 la Sorbona pidió la abolición completa de la imprenta, porque Lutero la había llamado “la segunda emancipación de género humano”. La Sorbona no logró su intento; pero al año siguiente se fijaron en las esquinas de París unos pasquines contra la misa y contra la presencia real. El clero hizo una solemne procesión y por fin de fiesta fueron quemados vivos seis impresores, y esto se hizo en nombre de la moral.

“En 1538, el parlamento prohibe los Salmos de David, y los cantos sublimes del rey profeta se ven anatematizados en nombre de la moral.

“El mismo anatema cae sobre las obras de Erasmo, a quien llamaban los frailes la Bestia erudita, sobre las de Melanchton, sobre las de Dorphan y sobre las de Bonalfosci.

“Por entonces nace la previa censura encomendada a la universidad y a la facultad de teología. La primera víctima de este examen es el ilustre impresor Dolet, poeta, bibliófilo, abogado, historiador, médico y traductor de los clásicos de la antigüedad. Este hombre insigne, señores, fue juzgado por los magistrados que aborrecían el griego porque no lo entendían; estos magistrados fallaban en nombre de la moral, declararon que Dolet se había equivocado al traducir un diálogo de Platón, y porque uno de los interlocutores dice “nada seremos después de la muerte”. Como esta idea no es conforme con la verdad católica, Dolet pagó la falta de catolicismo de Platón y fue quemado vivo porque así lo exigía la moral de aquellos tiempos.

“Otro impresor llamado Lhome fue mártir del secreto que había prometido al autor de un folleto que era una violenta sátira latina titulada Carta al tigre de Francia e imitación de la primera Catilinaria. La casa de los Guisas, cuyo nombre no mentaba la sátira, se dio por aludida, y, como un homenaje de respeto a la vida privada, el impresor fue ahorcado, aunque en lugar cómodo y conveniente, según dice la sentencia, en que el sarcasmo se une a —la crueldad. Y entonces, señores, hubo otra víctima de la conciencia pública: un pobre mercader se atrevió al ver al sentenciado apedreado e insultado por el populacho a encomendarlo a la Virgen María, y el mercader fue ajusticiado como blasfemo y como sedicioso, porque así lo exigían la moral y la paz pública.

“El folleto titulado la Sombra de Scarron, en el que se contaba lo que todo el mundo sabía, que el rey se había casado con madama de Maintenon, produjo tres ahorcados, no sé si en obsequio de la moral, de la paz pública o de la vida privada.

“Así poco a poco se fueron extendiendo la censura y la persecución, lo mismo en Francia que en las otras naciones. En Inglaterra los impresores y los escritores políticos eran azotados en las plazas públicas; todo el mundo sabe la suerte del Gacetero de Holanda. En Roma, el libro de los libros. la Biblia, estaba prohibida como contraria a la moral, aunque sus páginas están dictadas por Dios, aunque sus palabras todas son de esperanza y de consuelo para la humanidad. En España, la Inquisición era la que se encargaba de cuidar de la moral, enviando gentes a la hoguera, y no sólo perseguía a herejes, judaizantes y cristianos nuevos. sino también a San Juan de Dios, a San Juan de la Cruz, a Fray Luis de León y a la incomparable Santa Teresa.

“Todo esto se hacía, señores, en nombre de la moral.

“Si volvemos los ojos a épocas más remotas, veremos quemados por la mano del verdugo los libros de Abelardo porque proclama el libre examen y es el primer racionalista; veremos a Sócrates bebiendo la cicuta porque había atacado la moral pagana proclamando la unidad de Dios, y veremos, por fin, en la cumbre del Gólgota a Jesucristo muriendo en al cruz, porque su doctrina era contraria a la moral de los escribas y los fariseos.

“Fundado en estos hechos, me inspira horror la restricción que propone el artículo.

“En México, señores, donde ha habido tantas inconsecuencias, se ha proclamado la libertad de la prensa y se ha dejado la previa censura para el teatro; dos o tres abogados han sido los jueces del arte dramático; piezas representadas en la monárquica España han sido prohibidas en México, y la recuerdo con vergüenza, la mejor comedia de Ventura de la Vega, El hombre de mundo, se ha puesto en escena después de tenaces resistencias de los censores que querían defender la moral.

“En tiempo del general Arista, cuando tanto se hablaba de libertad, lo recuerdo también con rubor, la policía ha ido a recoger a las librerías la obra que el moralista Aimé Martin consagra a las madres de familia y esto se hizo en nombre de la moral, olvidando que este ilustre escritor es discípulo de Fénelon y de Bernardino de Saint Pierre y que sus obras están en el hogar doméstico, en manos de las madres y de las niñas, en todas las naciones cristianas.

“A todo esto nos contesta la comisión que nos ocupamos de abusos y que ella ha tomado precauciones para evitarlos. Yo sostengo que los abusos pueden nacer de la vaguedad del artículo, y, aunque no soy abogado, entiendo que el delito debe estar bien definido para que no haya arbitrariedad ni abuso en los jueces letrados ni en los jurados.

“La comisión nos ofrece dos consuelos. El señor Mata dice que, si los jurados son arbitrarios, debemos resignarnos a la arbitrariedad del pueblo. No entiendo que la misión de una asamblea constituyente es evitar para lo futuro toda arbitrariedad y todo abuso. No creo que sea limitada la soberanía de los pueblos, pues nunca deben obrar contra los principios de la justicia nunca veré más que un atentado en las sentencias del pueblo de Atenas imponiendo el ostracismo a Aristides el Justo y la muerte a Sócrates el Filósofo.

“El señor Arriaga dice que nada importa una sentencia injusta cuando el inocente es absuelto por la conciencia pública, por el espíritu del pueblo, por el espíritu de Dios. Bellas palabras, dignas de un elocuente orador. La misma idea ha hecho decir antes a un trágico francés que la infamia no está en el cadalso sino en el crimen; pero todo esto es apelar al testimonio íntimo de la conciencia, y nosotros, como legisladores constituyentes, no debemos fiar en este recurso, sino establecer sólidas garantías para los derechos que proclamamos.

“Insisto en que las infracciones deben ser mejor definidas. En vez de hablar vagamente de la vida privada, debiera mencionarse el caso de injurias, como ha aconsejado el señor Ramírez, pues de lo contrario, señores, llegará a ser delito publicar que un ministro recibió de visita a un agiotista o que un diputado ha recibido dinero de la tesorería, cuando acaso sin que el que tales hechos anuncie sepa que el ministro y el agiotista hicieron un contrato ruinoso o que el diputado fue a vender su voto.

Yo quisiera que en lugar de hablar vagamente de la moral se prohibieran los escritos obscuros, pues con esto y exigir la firma de los autores, estoy seguro de que ningún hombre honrado que se respeta a si mismo se atrevería a ofender las buenas costumbres en un libro o en un periódico. La moral se siente y no se define, ha dicho muy bien uno de los señores de la comisión: mayor peligro de juicios arbitrarios. ¿A qué nos atendremos para calificar? ¿al capricho del gobernante? ¿al Index de Roma? No, porque en ese Index ha estado comprendida la Biblia; no, porque en ese Index están todas las obras que enaltecen al espíritu humano: no, porque ese Index ha querido prescribir la ciencia de la razón, el libre examen, las verdades de la astronomía y de la geología, porque ha alcanzado a los libros de fisiología y de medicina… Si dejamos esta vaga restricción, no sólo acabaremos con la prensa política, sino que contrariaremos el progreso de la ciencia y el desarrollo de la literatura. Sofocaremos al nacer a los genios, que pueden ser en nuestro país moralistas o escritores de costumbres, y aun proscribiremos las obras del señor Prieto, miembro de esta asamblea, que es seguramente el primero en este género, porque acaso sus alusiones festivas, sus gracias picantes o coloradas, podrán parecer contrarias a la moral. Y contrarias a la moral parecerán también las notables palabras que han pronunciado los oradores de este Congreso. La conciencia pública, espíritu del pueblo y espíritu de Dios, de que habla el señor Arriaga, será una blasfemia, aunque se haya dicho siempre vox populi, vox Dei, y la negativa del señor Ramírez a que hablemos en nombre de Dios, como si fuéramos profetas, pasará por desacato o por herejía.

“En vez de hablar vagamente de la paz pública, yo quisiera que terminantemente se dijera que se prohíben los escritos que directamente provoquen a la rebelión o a la desobediencia de la lev porque de otro modo temo que la censura de los funcionarios públicos, el examen razonado de las leyes y la petición de reformar esta misma Constitución que estamos discutiendo, se califiquen de ataques a la paz pública.

“Con respecto al jurado, yo no lo veo en lo que propone la comisión, reclamo como garantía que haya un jurado de calificación y otro de sentencia, y repito que la dirección del tribunal de justicia ha de desnaturalizar completamente el carácter del jurado quitándole toda independencia.

“Tantas restricciones son extrañas en una sección que se llama de derechos del hombre. No parece sino que la comisión, cuando enuncia una gran verdad, cuando proclama un principio, cuando reconoce un derecho, se atemoriza, quiere borrarlos con el dedo y por esto establece luego toda clase de restricciones.

“No sé por qué hasta los gobiernos y las asambleas liberales ven a la prensa a veces con tanto desdén, a veces con tanto temor. No se haga caso del poco mérito de los escritores, no se admita aquí la vulgaridad de que los periodistas están bajo el yugo de los impresores. A mí se me ha hecho este ataque, y debo decir que nunca he prescindido de mi independencia, y que soy tan independiente aquí como en el periódico de que soy redactor en jefe. Si de mí se puede dudar, no habrá quien crea que mis antecedentes en el mismo periódico, que son el actual jefe del gabinete, el señor don Luis de la Rosa, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el señor don Juan B. Morales, el señor Otero. los señores diputados Prieto, Castillo Velasco y algunos otros, han prescindido de su independencia para servir sólo a don Ignacio Cumplido. No, allí todos han servido al país y a la causa de los buenos principios, y el señor Cumplido, como impresor, ha servido bastante a su país procurando el progreso del arte, manteniendo con constancia, y a pesar de mil contratiempos, un periódico órgano del partido liberal, antes y ahora defensor de los buenos principios, de la propiedad y de las bases del verdadero orden social, y respetando la conciencia de los escritores, sin lo que la existencia del mismo periódico hubiera sido imposible. Se atribuyen también las opiniones de un escritor a la miserable cuestión de las impresiones del gobierno. Yo he hecho la oposición a gobiernos que han dado que imprimir al señor Cumplido y he defendido a otros que nada le han dado que hacer. Por lo demás, acusar a un impresor de que imprime es tan absurdo como hacer cargos a un médico de que cura o a un abogado de que litiga.

” Apartándonos de estas miserias, consideremos la imprenta bajo su verdadero punto de vista, como elemento de civilización y de progreso, y el derecho de escribir como la primera de las “libertades, sin la que son mentira la libertad política y civil”.

10. HÉROES Y TRAIDORES

por Ignacio Ramírez (1818-1879)

Estas dos palabras se han corrompido en la época presente ; de modo que a veces se nos figura que la nación se compone de culpables, y a veces sospechamos que viven entre nosotros más dioses y semidioses que en el Olimpo del paganismo: el gobierno es responsable de tan extraño abuso, y de la doble ilusión que nos atormenta: vamos a fijar el sentido de las palabras, no por ceder a una manía filológica, sino para contener los males que aquejan a todos los ciudadanos, ahora que el premio y el castigo dependen de la arbitrariedad, sólo por la ambigüedad de las frases.

Es un principio incontrovertible que todas las sociedades humanas se fundan en el consentimiento de los contrayentes; si este principio fuera la única ley de las naciones, claro aparece que no existirían los traidores ni los héroes, porque teniendo todo compromiso por exclusiva medida la voluntad, los que se separasen de la asociación para agregarse a otra, aunque fuera enemiga, no serían más que disidentes, y los servicios ordinarios y extraordinarios, como hijos del capricho, alcanzarían igual o ninguna recompensa.  

Pero las sociedades, desde el momento que existen, tienen la necesidad de conservarse; y de este nuevo principio salen todas las restricciones a que se sujeta el libre consentimiento de los individuos. La conciliación entre la independencia individual y la conservación del cuerpo político, es, por lo expuesto, una base y una dificultad gubernativa, así en la paz como en la guerra ; sacrificar a todos o a la mayor parte de los individuos, importa tanto como romper los títulos de la autoridad, que jamás tendrá razón con la mayoría; respetar la individualidad hasta en minorías enemigas, equivaldría a proclamar el estado de barbarie fundado sobre la torre de Babel el templo indestructible de la patria.

Para acordar intereses tan respetables, cuando se encuentran opuestos, ha sido necesario, como en toda transacción, que unas veces ceda la comunidad y otras veces los individuos; la cuestión, bajo ese punto de vista, ofrece algunas reglas primordiales, tan claras como seguras. Contrayéndonos al estado de guerra, resulta: 1o. la guerra es necesaria cuando la mayoría de la nación está por ella; 2o. todos los ciudadanos, en el caso anterior, deben sujetarse a las exigencias de la guerra; 3o. la comunidad no debe exigir a los individuos, sino los sacrificios que sean claramente necesarios, y 4o. la comunidad a sus agentes no pueden exigir sacrificio alguno a los individuos que abandonan en poder del enemigo. Todo lo que sea separarse de estas bases es injusto, es tirano.

Apliquemos las, buscando su confirmación, a las circunstancias de la República. Lay mayoría de pueblo mexicano aceptó la lucha con la Francia, precitando sus recursos y sus soldados, como un torrente, por el camino de Veracruz a México; sosteniéndose sola, con un fantasma de gobierno, ya en conspiración, permanente donde el enemigo la oprimía, ya en lid abierta donde los bosques y las sierras presentaban la sombra de un amparo a las inermes guerrillas, y aprovechando el desaliento del invasor para despedazar a Maximiliano y su trono, como el águila que al caer del cielo disfigura entre sus garras a un buitre y su nido. La guerra fue justa y necesaria; y la mayoría de los ciudadanos se anticipó con entusiasmo a sus exigencias. La suerte, durante cuatro años, nos fue contraria, hasta obligarnos a oír con placer nuestras derrotas, porque ellas nos anunciaban la existencia de algunos campeones: el gobierno general se extravió por mucho tiempo en el desierto.

Aparece un rayo de luz; era la victoria que saludaba de nuevo nuestras banderas: cruzan algunas sombras por el suelo; son las nubes de invasores que se retiran. Entonces los refugiados del Paso del Norte, siguiendo la luz y las sombras y el rumor, se presentan amenazadores preguntando a los ciudadanos: ¿qué habéis hecho? –Lanzar de su palacio a Maximiliano para recibiros. !Estabáis tan lejos!

Mal satisfecha la autoridad con tan sencilla respuesta, declaró a la mayoría de mexicanos, como compuesta de traidores; y en compensación, haciendo algunas variaciones, declaró a esa mayoría como compuesta de héroes. Son traidores, dicen las leyes, las circulares y las órdenes especiales, porque sobre esta materia hay un código, son traidores todos los ciudadanos que no abandonaron sus hogares al flotar sobre ellos el pabellón enemigo; son traidores todos los que han vivido bajo la ley del enemigo; y como la mayoría de la nación se encuentra en estos casos, he aquí un gobierno que viene a castigar a los traidores en representación de los mismos traidores.

De lo trágico a lo cómico hay menos que un paso; un simple cambio de calzado: en vez del coturno el zueco. No fue posible condenar a los ciudadanos, que lejos de considerarse culpados, se quejan de que la autoridad los abandonó, y de que no ha correspondido a sus esperanzas. Entonces se han buscado algunas víctimas, y se han designado a los dependientes de los poderes supremos. Se les dice: viudas e inválidos que pertenecéis al erario; estudiantes que estudiáis en los colegios nacionales; taquígrafos del congreso, turba burocrática, ¿por qué no nos habéis seguido al desierto? Contestación: ¿con qué? Y ¿para qué? Entonces se recuerda el sálvese quien pueda, el cerrarse las últimas sesiones del congreso; el sálvese quien pueda en San Luis Potosí, el sálvese quien pueda en Monterrey, en Chihuahua y en el Paso del Norte. ¿Y de qué otro modo podía interpretarse la destrucción del ejército que llegó a Querétaro, reducido en una semana de catorce a siete mil hombres; la protección dispensada a Uraga y la destitución de Ghilardi, cuando se aprestaba a derramar su sangre en los campos de batalla? ¿Por qué, pues, se exigen a los empleados sacrificios inútiles?

¿Dónde, en ese supuesto, están los traidores? Si se les quiere encontrar, no se les confunda con los desgraciados que, ya como prisioneros de guerra, ya por considerar estéril el abandono de su familia y de sus intereses, tuvieron que someterse a los caprichos del invasor y aun darle un contingente para los cadalzos, las prisiones y los destierros. La nación no ha tenido sino una clase de enemigos a quienes pueda calificar y castigar como traidores; a los que tomaron parte en la guerra.

Y aun esta clase de culpabilidad presenta circunstancias atenuantes y no deja la nota de infamia sino sobre muy pocas frentes. Existen tres modos de castigar: la guerra, los tribunales y la opinión pública. La guerra, en los momentos de su furor, no respeta clasificación alguna entre los enemigos; todo lo que encuentra bajo el amparo del cañón enemigo, lo destruye o lo declara buena presa, según conviene a sus intereses. Mientras ella impera, si exige que un pueblo se defienda, todos los habitantes, hasta las mujeres y los niños, se convierten en soldados. Si ella lo juzga conveniente, designa a la muerte lo mismo a sus soldados que a los contrarios, y hasta a los extranjeros y a los que reconoce como neutrales. El individuo es criminal para la guerra con sólo serle sospechoso. También la opinión pública ejerce, el despotismo; unas veces absuelve a los condenados por la justicia, y otras veces absueltos los condena. Pero los tribunales, sea cual fuere su forma y su origen, tienen que dirigirse en todos sus fallos por la ley; y jamás pueden suponer en los ciudadanos sino la inocencia. Por esto es que aun en la misma guerra se perdona a los capellanes, a los médicos y a los soldados. Por esto es que se deja libre en el campo de batalla a un vivandero, a quien se hubiera fusilado si se le hubiera sorprendido en el camino dirigiéndose hacia el enemigo. Digámoslo claro: por eso no se castiga, aun entre salvajes, sino a los más notables de los vencidos; la responsabilidad se mide por la dirección y por la inhumanidad que se ha desplegado en la empresa. La guerra ha terminado su misión en Querétaro quemando su último cartucho sobre la frente de Maximiliano; la opinión pública continúa la suya absolviendo a un número considerable de perseguidos, o indultando acaso por desdén a muchos de los culpables; ¿cómo es que el gobierno tiene una espada suspendida sobre todos los ciudadanos?

De todo esto se desprende que sólo el fallo hace al culpable, y que no existen otros traidores sino aquellos a quienes por esa falta se les ha vencido en juicio.

Ya con alguna tranquilidad y con buenos datos, podemos cerciorarnos de si es en verdad muy numerosa la nueva tribu de los héroes. ¿Se encuentran en esta categoría el gobierno y la inmensa multitud de sus admiradores? ¿Son héroes todos los que se ausentaron a una tierra extranjera? Deberemos admirar a todos los ciudadanos que se conservaron en sus hogares cuando su población no se vio invadida? Hemos asentado antes una doble obligación de parte de los ciudadanos para prestar sus servicios, y de parte de la sociedad para no exigir sino los absolutamente necesarios. El cumplimiento de un deber es ciertamente recomendable, pero no es una heroicidad; la heroicidad no se impone. Así es que si el gobierno no pudo prestar otros servicios sino retirándose a la frontera; si los ciudadanos que se refugiaron en naciones que nos eran hostiles y hasta en la misma Francia, se ausentaron para servirnos; si los que permanecían en sus casas, ya entrasen ya saliesen los franceses, o porque nunca los invadieron, se juzgaron en el puesto que les designaba la nación; si elogiar por últimos a todos estos ciudadanos es hacer bien a la patria, nosotros tenemos parte en esa gloria; pero a pesar de nuestros deseos todavía no encontramos a los héroes.

La heroicidad supone lo extraordinario de los servicios, la magnitud de las empresas. En las naciones primitivas, y todavía en la edad media, para alcanzar el renombre de héroe, se necesitaba, aunque fuera por adulterio, un parentesco divino, o por lo menos una tarjeta para entrar en el Olimpio, sin perjuicio de consumar hazañas prodigiosas; hoy nos conformamos con acciones, que superando la esfera del deber, cautiven la atención como un esfuerzo inesperado de patriotismo. Es costumbre llamar a los compañeros de los héroes, héroes; pero eso no pasa de una frase poética, y se la permitimos a los interesados por pura condescendencia, como sufríamos en un portero de la cámera que dijese; en estas sesiones vamos a trabajar mucho nosotros los del congreso.

Fundándose, sin duda, en estas consideraciones, los ciudadanos que tomaron las armas contra la invasión y el imperio, dicen: a los unos se nos ha convertido contra nuestra voluntad en soldados permanentes; a los otros se nos persigue como sospechosos con mayor saña que en tiempo de la intervención; ya se nos exige que nos rehabilitemos como traidores; ya que oprimamos a nuestros conciudadanos, porque somos héroes. Nosotros no queremos ser héroes ni traidores; no somos más que acreedores al erario. La ley nos promedió una tercera parte en los secuestros; y éstos se han realizado: ¿dónde está nuestra recompensa?—Ignacio Ramírez.  

 

 

11. COLONIZACIÓN

por Ignacio Ramírez (1818-1879) 

No por espíritu de oposición, sino por el vehemente deseo de que se realicen en la República las grandes mejoras que nuestra ruinosa situación demanda, hacemos frecuentes observaciones a los proyectos que comienza a favorecer el Ministro de Formento; vemos que se desprecian algunas condiciones que consideramos indispensables para que la colonización se realice; y como la colonización representa la primera necesidad y el centro de todas las empresas mexicanas, muy oportuno nos parece determinar los elementos de vida que se deben procurar a nuestras colonias.

Éstas pueden establecerse simultáneamente empleando cuatro procedimientos diversos: contratos privados sin intervención de la autoridad; empresas privadas con la protección de la autoridad; empresas exclusivas de la autoridad, aun cuando las realiza por medio de contratistas, y las colonias militares.

Las empresas particulares sin intervención de la autoridad, no sn nuevas en la República; a esta clase pertenecen todos los establecimientos extranjeros en los cuales el español, el francés, el alemán, luego que extiende la esfera de sus negocios llama en su ayuda a sus parientes y paisanos; a esta clase pertenecen algunas colonias rurales ensayadas por extranjeros y nacionales, dándoles un carácter determinado, como la planteada por Zurutuza en Arroyozarco y la que comenzó a establecer en el Chamal el señor general Blanco. Este sistema de poblar, indicado por la misma naturaleza, ha producido en breves años, algunos miles de habitantes, nuevas industrias y un movimiento notable en toda clase de negocios; no necesita sino la libertad en las instituciones. Sin embargo, no debemos olvidar que los ensayos rurales no han sido tan felices como los urbanos; y esto ha consistido en una culpa de los empresarios, que ha traído consigo su pena. Los dueños de haciendas atropellando nuestras instituciones, conservan en dura tutela a sus dependientes y los explotan de mil maneras; este abuso puede conservarse por la costumbre, pero cuando vienen operarios de otros lugares, donde, y en su tránsito, han podido gozar de independencia, y cuando ellos ven que en otros oficios pueden satisfacer sus aspiraciones; entre la suerte de nuestros gañanes indígenas y la del extranjero siempre bien recibido y pocas veces mal colocado, no pueden vacilar, y desertan rápidamente de los campos donde se les esclaviza.

Estas mismas observaciones comprenden a las colonias que establecidas con la protección del gobierno, no quieren perder su carácter de empresas particulares. En tales establecimientos el empresario lo hace todo por su cuenta y sólo pide a la autoridad, dispensa de derechos para la introducción de los útiles necesarios y algunas exenciones y privilegios por cierto tiempo. El gobierno por medio de una ley general, debería anticiparse a estos pedidos; ser generoso con los que se afanen por conseguier para sus fincas un aumento de trabajadores; pero al mismo tiempo deben salvarse los derechos de estos nuevos pobladores y asegurárseles algunas ventajas: nada de feudalismo.

El gobierno en sus colonias no ha querido seguir el ejemplo de los particulares, sino entregado a una ciega imitación y procediendo por principios abstractos, ha llegado a llamar pobladores antes de saber si tiene algunas tierras qué designarles. No tocaremos ahora la ridícula cuestión de los terrenos baldíos, por temor de no encontrar sino algunos en las cumbres de las montañas o en las arenas del desierto; ya es tiempo de ser positivistas en estos negocios. Antes de fundar una colonia, debe el gobierno proponerse a sí mismo y resolver estas cuestiones: el punto donde necesita el establecimiento; los recursos naturales del lugar; la clase de colonia, sea urbana o rústica, común o militar; y los fondos para comprar el terreno, si no está libre: luego vienen los procedimientos de agrimensura, y los demás para asegurar el negocio. Todo esto es llano; y sólo insistiremos en que no son unas mismas las bases que deben servir para una colonia rústica que para una urbana, porque veinte o cien familias, para entregarse al cultivo en la mayor parte de nuestros campos, tienen necesidad de extenderse a la orilla de los ríos. En cuanto a la compra de terrenos, importa un aumento insignificante en los gastos, y asegura la situación y la prosperidad de la colonia.

Colonias militares; éstas se necesitan en numerosos puntos de la frontera; no son menos necesarias en las sierras que se conservan en insurrección y en sus inmediaciones, para conservar el orden y para proteger los pueblos y los caminos; sobre todo si se abren los de San Luis y México a Tampico, y si se tiene interés en conservar el de Tepic. En las colonias militares, aun cuando tengan el carácter de rústicas, se requiere una ciudad fortificada y un régimen más o menos militar. Algunas Noticias muy interesantes deberá el público a la obra que el C. Balbontín sacará muy pronto de la prensa.

En nuestras leyes y proyectos sobre colonización, vemos con sorpresa que el gobierno y los empresarios salvan admirablemente sus intereses, pero olvidan los de los colonos, y aún a veces, con toda ciencia los sacrifican. Arrancado un hombre, acaso con su familia, de su hogar y de su patria, para dejarse establecer en un clima insalubre y en un terreno rebelde al nuevo cultivo, parece justo que ya una vez establecido, tenga un derecho indisputable a su habitación y a su lote, sean cuales fueren los resultados de la empresa; esto es legal y humanitario; pero no se procede así, y hemos visto a los colonos de una negociación arruinada, amontonados a laorilla de un río víctimas de los insectos, de la peste y de la miseria. Mientras, se han explotado los permisos para hacer introducciones libres de derechos.—Ignacio Ramírez.

  

 

 

12. CUESTIÓN GRAVE

por Justo Sierra (1848-1912)

Como sucede en los países poco educados para la libertad, la opinión pública se preocupa bien poco de cuestiones que, como la que es el tema de las actuales discusiones del Congreso, no parece llamada a producir inmediatamente los choques, en la órbita de los intereses políticos, que tienen el don de agitarnos tan violenta como pasajeramente.

Se trata, sin embargo, de una cuestión que si no muere en su estado embrionario, como es posible, ha de ser una de las más trascendentales que de la Constitución acá se hayan debatido.

En pocas palabras: se trata de restringir las facultades que la Corte cree tener para amparar a todo individuo en cuyo perjuicio se viole una garantía personal, facultad a la que es consiguiente, en rigorosa lógica, el derecho en la misma Corte de revisar todos los actos que pueden importar una violación de los precitados derechos; cree también la Corte de Justicia que esta facultad de la autoridad judicial federal está contenida en la obligación que le impone este artículo de la Constitución:

Artículo 101. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

  1. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales”.

Como se ve, los términos son absolutos y, supuesto el espíritu eminentemente individualista que presidió a la formación de nuestro Código fundamental, no era esto más que la deducción necesaria de esta solemne premisa:

El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”.

Se ha hablado hasta la saciedad en pro y en contra de este asunto: con motivo de la cuestión de Morelos, las voces más autorizadas se hicieron escuchar por la República entera. ¿Quién osaría después de ellas agregar una palabra más?

Lo que si parece evidente es que los que entonces opinaron en contra de lo que la Corte creía un deber más bien que un derecho fundado en el pacto federal, después de alegar argumentos basados en distintos artículos de la Constitución, han creído necesaria una ley restrictiva, una prohibición a la justicia federal de revisar los actos de la autoridad electoral.

La cuestión, en último análisis, sería ésta: ¿Pueden los actos electorales entrañar la violación de una garantía individual?

Si, como parece indicarlo el buen sentido, esto es posible, ¿cuál sería el significado de la ley restrictiva que discute el Congreso? Está claro y terminante. No siempre que haya violación de las garantías individuales tienen los tribunales federales el deber de amparar al hombre.

Bien decíamos que se trataba de la cuestión más grave que desde la Constitución acá se ha debatido en el parlamento mexicano. En efecto, una sola excepción en materia de derechos individuales basta para fundar esta regla: la sociedad, representada por el Estado, puede sobreponerse a un derecho humano.  

Entonces ya estos derechos no pueden ser la base de las instituciones sociales. El día en que, no ya como la ley restrictiva sin ninguna significación como la que pretende promulgar la Cámara, sino como reforma constitucional; el día , decimos, en que semejante reforma fuera decretada por el pueblo mexicano, habría decretado una Constitución nueva; la Constitución de 57 habría cesado de existir.

La nueva Constitución tendría que organizarse en derredor de un centro: ¿cuál sería éste, faltando los derechos del hombre? Suponemos que serían los derechos políticos, es decir, el imperio absoluto de las mayorías; es decir, la exclusión de la razón y de la conciencia, la supresión del derecho ; en lugar de la razón se pondría este equivalente: el número; en lugar del derecho, este otro: la fuerza.

Y la República mexicana desaparecería como un pueblo libre.

Ni en las Constituciones que, como las francesas, han sido inspiradas das por la falsa teoría de la soberanía popular, ni en las que, como la inglesa, existen en la tradición y no en la ley escrita, se ha atacado en principio la inviolabilidad suprema de los derechos del hombre; la Constitución mexicana sería la primera en presentar ese ejemplo, que sería estéril como funesto.

Sería ir demasiado fuera de los límites de esta pequeña serie de observaciones el ir mostrando punto por punto las consecuencias de la reforma restrictiva, que implicaría la declaración autoritativa de la soberanía inapelable del Estado. Quizá caigamos luego en la tentación de hacerlo.

Nos concretaremos, antes de concluir, a esta observación indicada ya en el Congreso mismo. La Corte se cree autorizada por la Constitución ; la Constitución es su norma suprema. ¿De buena fe creen los legisladores que tienen derecho alguno para obligar a la Corte con una ley? Si la Corte se apoya en la Constitución, ¿qué significación puede tener para ella una disposición, siquiera la votara por unanimidad la Cámara de disputados? Ninguna.

Para la justicia federal no existiría ley semejante. Y el Congreso habría perdido su tiempo, como lo perdió en el artículo de la ley vigente de amparo, que lo negaba en los negocios judiciales.

El prurito deplorable de nuestros legisladores de corregir lo que creen digno de corregirse, con precipitadas leyes ad hoc o ad hominem, que nada corrigen y sí engendran nuevos abusos, es inherente a todos los cuerpos legislativos del mundo ; no haremos por ello un reproche especial al nuestro; pero lo que tambíen procuran los otros cuerpos legislativos es la cuestión vital de la realidad del sufragio público. La instrucción, el favorecer el libre desarrollo de las costumbres democráticas, la institución del sufragio directo y el respeto al voto público son cuestiones que merecerían en el más alto grado la atención de los legisladores, para ir convirtiendo en una verdad práctica la libertad y la República. Esto sería más eficaz, más digno de la patria y del porvenir, que falsear con una ley, inspirada en miras no muy desapasionadas por cierto, el capítulo de las garantías de hombre, que son la síntesis más elevada de las conquistas del progreso social. 

 

 

Bibliografía

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Ramírez, Ignacio.  (1984). “Colonización”.  El Correo de México, 25 de octubre de 1867, p. 1. en IGNACIO RAMÍREZ “EL NIGROMANTE”.  Escritos Periodísticos 1. México: Centro de Investigación Científica “Jorge L. Tamayo, A. C.”: 84-86.  

Sierra, Justo. (1875/1991). “Cuestión Grave.” El Federalista. Mexico 1° de abril.  México: Universidad Nacional Autónoma de México.  

Zarco, Francisco.  (1850/1989).  “Libertad de Imprensa”.  El Demócrata, 9 de abril de 1850. p 3-4 en Francisco Zarco: Periodismo Político y Social 1.  Compilación y revisión de Boris Rosen Jélomer.  México: Centro de Investigación Científica “Jorge L. Tamayo, A. C.”: 55-59.  

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Zarco, Francisco.  (1856/1989).  “La Libertad de Imprensa.”  El Siglo Diez y Nueve, 25 de Julio de 1856, p. 1.  en Francisco Zarco: Periodismo Político y Social II.  Compilación y revisión de Boris Rosen Jélomer.  México: Centro de Investigación Científica “Jorge L. Tamayo, A. C.”: 

Compilación y edición de Dr. William Allen Brant

Agradezco a La Biblioteca Pública del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de Guadalajara, Jalisco y La Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruíz. 

Agosto 2022

Guadalajara, México